En el colegio público San José Obrero la biblioteca lleva años funcionando como aula matinal a las ocho de la mañana. Una vez que empiezan las clases, a las 9.00 horas, este espacio ejercerá como tal en los huecos que deje libre el profesorado siempre que su uso no sea demandado para otras actividades por falta de espacio hasta que desde las 13.30 horas se transforme en el comedor del centro hasta las tres de la tarde. Cuando los alumnos hayan almorzado, seguidamente, de tres a cuatro y media, le tocará albergar las clases de inglés y otras actividades extraescolares.
Esta es solo parte de la rutina de un colegio que se ha llevado los últimos dos meses movilizándose cada jueves para reclamar las obras de ampliación que esperan desde hace siete años. En aquel entonces se instalaron aulas prefabricadas para suplir la falta de espacio, unos módulos que después de tanto tiempo acumulan problemas de humedades y de olores, de ahí que la Asociación de Padres y Madres (AMPA) haya enviado una carta a la Junta pidiendo una limpieza a fondo. Pero hay mucho más: cada vez que llueve los accesos se convierten un barrizal y la presencia de ratas en el patio del recreo ha llegado al extremo de que hasta los niños les han dado de comer en más de una ocasión. Tampoco tienen gimnasio. La batería de problemas es interminable, por eso la AMPA no piensa descansar en verano y aunque no haya protestas hasta septiembre, fecha en la que incluso se plantean dejar a sus hijos en casa si no ven cambios, van a enviar todas las semanas escritos a la Junta reclamando por escrito una fecha de inicio de las obras.
A estas alturas, como critica la vicepresidenta del colectivo, Rocío Guitarte, lo único que saben a ciencia cierta es que tendrán que volver a pasar por todo el papeleo y que su proyecto de ampliación se hará pero no a medio ni a corto plazo. Una realidad que no es tranquilizadora ni mucho menos, por más que desde la Administración andaluza les trasladen que no por manifestarse más van a conseguir acelerar unos trámites burocráticos que las familias se conocen al dedillo. Entonces, cuando parecía que veían la luz en el túnel una denuncia del Colegio de Arquitectos contra la Junta lo dejó todo en el limbo. Ahora tienen que empezar de cero, y entre demandas y sentencias (dándole la razón a la Junta), se les han adelantado otros centros con inversiones millonarias como el Antonio Machado, pese a que su proyecto iba por delante. ¿Hay algo que hacer mientras no llegan las grúas? Demasiado, porque en mantenimiento también suspende el Ayuntamiento. La esperanza es que la nueva delegada de Educación, Laura Álvarez, les ha llamado para ver qué pueden avanzar en lo que a ellos les compete como es, para empezar, el arreglo de las vallas exteriores.
