IULV-CA ha denunciado públicamente las ofensas y amenazas que están recibiendo a través de las redes sociales sus concejales en el Ayuntamiento de Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo y Ana Fernández. En especial preocupa un correo electrónico recibido por esta última, que ha sido ya denunciado ante los tribunales.
Esta formación política reitera su “total e incondicional apoyo” a su grupo municipal, que “en todo momento ha actuado como portavoz y representando el sentir” del colectivo.
Además, y “dado el tono de las ofensas y la gravedad de las amenazas, la organización local también va a proceder a denunciar los hechos y a pedir a la autoridad competente que valore la necesidad de solicitar protección policial” para sus concejales “hasta que se investiguen” los mismos.
IULV-CA de Jerez “rechaza y condena enérgicamente este tipo de actos, que no persiguen sino coartar la libertad de nuestros concejales en el ejercicio de su función pública, valiéndose del temor o inquietud que producen, por lo que no dudará en poner en conocimiento de la justicia cuantas amenazas se vuelvan a producir”.
Por último, la formación advierte de que este tipo de acciones “no hacen sino fortalecer la voluntad de los hombres y mujeres de IU en su lucha por transformar la realidad en pro de una sociedad más justa y solidaria”.
El último precedente
Recientemente, un jerezano fue condenado a abonar una multa de 100 euros por amenazar a través de internet a María José García-Pelayo y Antonio Saldaña. Los hechos se produjeron el pasado 22 de septiembre, cuando el denunciado escribió un comentario en el que advertía de que “arrieritos somos y en el camino nos encontraremos”. “A ver dónde os vais a meter cuando os echen del Ayuntamiento el año que viene!!! Sin guardaespaldas la cosa va a cambiar mucho, pero que mucho. El crimen que habéis cometido con tantas familias lo vais a pagar en los banquillos, solos como perros, y en la vida diaria. Al tiempo!!!”, añadió.
El comentario respondía a una información publicada en medio digital en la que se hacía referencia al fallecimiento de uno de los afectados por el ERE. Los hechos fueron denunciados ante el Cuerpo Nacional de Policía por María José García-Pelayo y Antonio Saldaña.
