Según ?Panorama? la orden es arrestar buques ?españoles que invadan aguas de Gibraltar?
Fuentes de la policía gibraltareña (Royal Gibraltar Police) confirmaron ayer a este diario que entre las normativas de actuación del cuerpo se encuentra la detención de buques españoles que “invadan las aguas de Gibraltar”. Se desmintió por otra parte que existan órdenes específicas al respecto en estos momentos de tensión sobre las aguas que rodean el Peñón tras varios incidentes entre patrulleras de la Guardia Civil y la Armada española y autoridades gibraltareñas.
La RGP asegura que tan sólo se ha recordado a las tripulaciones de la sección marítima del cuerpo, las normas que ya existen. Añade que cuentan con una serie de escalas de actuación antes de llegar al caso de una detención, que dependería de numerosas circunstancias y tendría que ser legítima.
Esta información parte de un artículo publicado en el diario gibraltareño Panorama, en su edición de ayer miércoles, en el que aseguraba que la RGP había recibido orden expresa de “arrestar buques españoles que invadan las aguas de Gibraltar”.
Otra de las informaciones que se hicieron públicas ayer es que parte del personal de la sección marítima del cuerpo policial, había sido destituido y reemplazado por otros agentes.
El portavoz de la policía declinó hacer comentarios al respecto, alegando que se trataba de cuestiones de índole interno y de personal.
Los últimos incidentes ocurridos en aguas limítrofes al Peñón han sido el detonante de esta situación. En el más serio de todos ellos se vio implicado un buque de la Armada española, encargado de realizar labores de control sobre pesqueros que faenan en aguas españolas. El Escuadrón de Gibraltar, perteneciente a la Royal Navy, interceptó a la embarcación neumática que procedía del citado buque y pidió que se marchara de las aguas.
El viernes de la pasada semana, una lancha de la Guardia Civil perseguía a una embarcación hasta las inmediaciones de la playa de La Caleta en el Peñón. Ambos incidentes han sido catalogados de “inaceptables” por el Gobierno británico y el gibraltareño respectivamente.