El Tribunal Supremo ha citado para el próximo 22 de febrero como investigada por prevaricación y falsedad en documento público a la diputada del PP y exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo, en relación con las adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel de eventos de Fitur 2004.
El Supremo abrió una causa en la está implicada la diputada el pasado mes de septiembre, en un auto en el que reconocía "la trascendencia de los indicios" que existen para implicar a García Pelayo.
Ahora el instructor de la causa, el magistrado Antonio del Moral le ha citado para el 22 de febrero a las 10.30 horas, para tomarle declaración voluntaria y poder decidir si procede tramitar el suplicatorio al Congreso contra ella.
El PP acordó el pasado mes de septiembre incluir a García Pelayo en la diputación permanente del Senado, por lo que es aforada.
El fiscal del Supremo pidió al tribunal que investigara los indicios de irregularidades en las citadas adjudicaciones y la posible implicación de la exalcaldesa de Jerez en ellas.
La Sala aceptó la causa, pero limitó la investigación a la diputada, sin querer hacerse cargo del caso e lo que afecta a otras personas vinculadas a la trama Gürtel.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso Gürtel, elevó una exposición razonada al Supremo para que se hiciera cargo de esta parte de la investigación, al ostentar García Pelayo la condición de aforada.
El juez apuntaba que García Pelayo podría haber cometido un delito de prevaricación continuada, ante la aparición de indicios de "groseras irregularidades" en determinados contratos administrativos llevados a cabo por el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), un órgano participado por el Ayuntamiento de Jerez, para el desarrollo de Fitur 2004.
Los expedientes presuntamente tramitados de forma irregular fueron el relativo a la adjudicación del stand de Fitur 2004, el de acondicionamiento para un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro de la capital.
Para el juez "todos estos actos y decisiones (...) trascendieron las meras ilegalidades. Su arbitrariedad fue patente y grosera (...) y desbordaron la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso".
