El PSOE-A de Jerez expresó ayer su respaldo a la decisión adoptada por el Gobierno local al respecto del ERE municipal, una postura que el partido sustenta precisamente en los mismos argumentos esgrimidos días pasados por la alcaldesa, Mamen Sánchez, que advirtió de la existencia de varias lagunas legales que podrían suponer incurrir en delitos de prevaricación, malversación y nombramiento ilegal.
“Toda vez que se da la circunstancia de la existencia de un último informe que advierte de la supuesta existencia de lagunas legales y del posible incurrimiento en posibles delitos penales que además no garantiza la salvaguarda del interés general”, el partido “entiende y coincide en que los compañeros y compañeras no puedan asumir las responsabilidades penales que supondrían la firma de los acuerdos transaccionales”, explicó la agrupación socialista a través de un comunicado de prensa.
De este modo el PSOE local pretende ofrecer una imagen de sintonía con el Gobierno local en un momento en el que algunas voces estaban ya advirtiendo de un distanciamiento cada vez mayor entre ambas partes motivado entre otras cosas por la gestión que se la ha dado a este asunto.
Apoyo a los despedidos
Por otra parte, el PSOE mostró su “total apoyo y solidaridad” con los trabajadores afectados “y sus familias”, que durante más de dos meses “han ejercido de forma digna y ejemplar un encierro pacífico para reivindicar la reincorporación a sus puestos de trabajo en el Ayuntamiento tras la decisión arbitraria y no ajustada a derecho cometida por la derecha local en 2012”.
Los socialistas recordaron además que “durante los cuatro años de conflicto laboral” han mostrado su “total apoyo a la causa”, trabajando “de manera denodada” para que se pudiera hacer efectiva la reincorporación de estos trabajadores a la plantilla municipal. “Desde nuestras filas nunca hemos cejado en nuestro empeño por resolver de manera favorable este conflicto”, incidieron desde el PSOE local.
En cualquier caso, el PSOE recordó que “fue María José García-Pelayo y el PP quienes idearon y ejecutaron un procedimiento a todas luces injusto y caprichoso”, cerrando además “todas las vías legales para una posterior readmisión” y “dinamitando todos los puentes posibles durante el proceso”.
Las próximas semanas serán en cualquier caso claves de cara a comprobar la estabilidad del Gobierno local, toda vez que tanto Ganemos como IU han expresado públicamente su descontento con el modo de gestionar el Ayuntamiento y, en particular, el desenlace del ERE.
