El año pasado se registraron en la provincia unas 167 peticiones de asilo por parte de refugiados, según datos manejados por parte de varias organizaciones que trabajan con este colectivo, como ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) y CEAR (la Comisión Española de Ayuda a Refugiados). En comparación, es casi el doble de las 87 solicitudes de protección internacional presentadas en el 2015, si bien en 2014 se dieron 111.
En toda Andalucía, en el mismo periodo, se dieron 1.784. En Málaga fueron 872 y 363 en Sevilla. La que menos tuvo fue Jaén, con 4.
Las nacionalidades más relevantes por su mayor presencia en estas solicitudes en lo que atañe a la provincia gaditana son las siguientes: Marruecos (33), Costa de Marfil (20), Ucrania (18), Siria (10).
Por meses, la distribución fue la siguiente: enero (9 demandas), febrero (5), marzo (7), abril (12), mayo (17), junio (6), julio (10), agosto (13), septiembre (13), octubre (26), noviembre (32), diciembre (17).
El hecho de que estas peticiones se hayan realizado en territorio gaditano no significa que obligatoriamente los demandantes de amparo sean acogidos en esta zona, sino que existe la posibilidad de que fueran destinados a redes de atención y asistencia en otros lugares de España.
En cuanto a las peticiones llevadas a cabo en este 2017, éstas rondan el centenar, según los datos recabados por este diario.
El pasado mes de junio se contabilizaron 14. En lo que se refiere al primer cuatrimestre del año, hubo un total de 67 demandas de auxilio.
En cuanto a las 440 refugiados ya asistidos e instalados en Andalucía, solo 15 de ellos viven en la provincia de Cádiz. La ayuda a estas personas llega además a través de redes colaborativas como las de Refugees Welcome Spain.
En Cádiz concretamente se han registrado cuatro familias ofreciendo su casa para convivir con una persona desplazada, según afirmaron a Información desde esta plataforma, a la que se puede acceder a través de http://refugiados-bienvenidos.es.
Cifras
Por otro lado, el general jefe del Estado Mayor del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, Francisco Díaz, afirmó este miércoles en un curso de verano en Santander que la llegada de inmigrantes irregulares a España vía marítima por el Estrecho de Gibraltar “a día de hoy” ha aumentado un 168 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Así, señaló paralelamente que en los primeros meses del año han llegado a España de forma irregular más de 9.000 inmigrantes. Así lo expuso en una conferencia de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Sin embargo, desde la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR, la portavoz María Jesús Vega matizó que si bien las cifras de llegadas a España por mar y tierra “son muy similares a las de Grecia este año, no se trata de una emergencia sino de un crecimiento sostenido”.
Esta situación responde, según expone, “al empeoramiento de la situación en muchos países de origen y de la situación mundial, entre otros factores”.
En este sentido, incide en que “más del 30% de los desplazados por conflictos a nivel mundial se encuentran en países del África subsahariana”. “Por eso es más necesario que nunca que España aborde la situación de manera estructural y se eviten mayores problemas a medio y largo plazo, dotando a las autoridades que operan en las fronteras de recursos adecuados para la gestión de estas llegadas”, dijo, añadiendo que la UE tiene partidas presupuestarias para estas acciones que se pueden solicitar.
Vega apuntó que en zonas como la del Estrecho “hay una grave falta de recursos por parte de la Policía, no hay intérpretes, se necesita más formación y dependencias adecuadas para alojar y atender a los que llegan en estos flujos mixtos (inmigrantes económicos, refugiados etc)”. Unas circunstancias que, a su juicio, “dificulta enormemente” la identificación y detección rápida de las distintas necesidades y perfiles.
“Nosotros tenemos equipos en la zona sur que se desplazan con regularidad a los principales puntos de entrada (Málaga, Almería, Cádiz –además de Melilla, donde hay una presencia permanente) y nos preocupa que no se preste una atención especializada a personas de perfiles tan variados como mujeres con necesidades específicas, menores no acompañados, LGTBI, víctimas de trata o solicitantes de asilo”, especificó.
Por parte de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) también se piden más medios para la atención a aquellas personas que se juegan la vida para huir de su país. “La ruta de España podría convertirse en la segunda de la UE más usada por personas refugiadas y migrantes, por encima de Grecia”, apuntan desde esta organización en declaraciones a Información.
Achacan esta situación a las política “de cierre y externalización de fronteras” llevada a cabo por la Unión Europea. “Ello está condenando a muchas personas a poner sus vidas en manos de traficantes para huir de la persecución, la violencia o de la extrema pobreza ante la falta absoluta de vías legales que le permitan solicitar asilo de forma segura”, concluyeron.
Demandan una mayor asistencia a los refugiados
Las condiciones de los inmigrantes irregulares en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) es una cuestión que sigue arrastrando las quejas de distintos colectivos y organizaciones que velan por un trato adecuado a los refugiados.
Así, Algeciras Acoge insistió en que el reciente fallo judicial que obligaba a los centros de Algeciras y Tarifa a mejorar las instalaciones para una convivencia digna de sus internos “sigue sin aplicarse”, según apuntó a este diario José Villahoz, vicepresidente de la asociación.
Villahoz también criticó que no se le proporciona suficiente información y asesoramiento a los inmigrantes que llegan a estas instalaciones, ya que subrayaron que se puede mejorar el asesoramiento dado a estas personas por parte estatal.
CEAR también mostró su rechazo a los CIES y al internamiento de extranjeros por “una falta administrativa que puede ser comparable a una multa de tráfico”. Por ello pidió que se diera un mayor cumplimiento de los Derechos Humanos y que no se usara de forma contínua, lo que, según expusieron, se trata de “unas medidas que deberían ser excepcionales”. Por ello, propusieron que se optara por otras medidas que, respetando la legislación internacional, no supusieran una “privación de libertad”.
