En la provincia de Cádiz se llevaron a cabo en 2016 un total de 269 mediaciones con menores infractores, gracias al programa que gestiona la Consejería de Justicia e Interior para impulsar este sistema de resolución extrajudicial de conflictos como método de reeducación y reinserción.
Esta cifra sitúa a Cádiz como la cuarta provincia andaluza en número de mediaciones con menores infractores, hasta el punto de que registra el 13% de todas las que se realizan en la comunidad autónoma, según el balance anual de este programa de Justicia e Interior.
El 65% de las mediaciones realizadas en toda Andalucía durante el pasado año con menores infractores se resolvió de forma positiva, evitando que el caso tuviese que ser resuelto en un juicio. Por el contrario, el 10% de las mediaciones emprendidas resultaron inviables, mientras que el 25% restante se encontraban aún en tramitación al finalizar 2016.
El balance de la Consejería de Justicia e Interior refleja que de las mediaciones resueltas, el 51% se saldó con una reparación del daño causado por el menor infractor, el 26% con un acto de conciliación y una reparación incluida, y el 23% únicamente con una conciliación.
Andalucía cuenta con ocho equipos de mediación, uno por pro-vincia, cuyos profesionales tratan de que el infractor se responsabilice de las consecuencias de su delito o falta, comprenda el mal que haya causado, pida perdón a la víctima y repare el daño causado con las medidas que en cada caso se establezcan para ello.
La mayoría, entre 16 y 17 años
De las 2.030 mediaciones con menores infractores realizadas en 2016 en toda Andalucía, el 71% se llevó a cabo con chicos y el 29% con chicas. En cuanto a los tramos de edad, la mayoría de los benefi-ciarios de este sistema de resolución extrajudicial fueron menores de entre 16 y 17 años, que representan el 52%, seguidos de los 14 y 15 años -41%-, mientras que los que han cumplido los 18 años suponen el 7%.
La Consejería de Justicia e Interior apuesta claramente con este programa por los principios educativo, restaurativo y de responsabili-dad por los hechos cometidos por los menores infractores, y considera que sus resultados demuestran la eficacia y eficiencia de esta medida.
Este tipo de soluciones extrajudiciales tienen una finalidad educativa y socializadora basada en la prevención general, que conllevan múltiples beneficios como el ahorro de costes y de tiempo en la resolución de conflictos con menores involucrados. Además, sobresale la importancia de la participación de las partes en litigio, que refuerza la solución alcanzada al haber sido acordada y compartida.
La función del mediador no es, sin embargo, resolver el conflicto, sino conducir el proceso técnicamente para llevar a cabo la nego-ciación. Estos profesionales no solamente informan y observan, sino que preparan también a las partes para el encuentro, introduciendo elementos de reflexión que posibiliten el acercamiento y el acuerdo.
El fomento de la mediación como sistema de resolución extraju-dicial de conflictos es una prioridad para el Gobierno andaluz, ya que contribuye a mitigar la alta litigiosidad en la Administración de Justicia y puede ofrecer una respuesta más rápida y práctica para las partes implicadas.
