El Ayuntamiento de Jerez pretende aprobar este jueves una modificación puntual del PGOU en el API Rompecerones-Carretera del Calvario-Área 7, con la aspiración de legalizar definitivamente la almendra central del centro comercial Luz Shopping, promovido por IKEA. Sin embargo, los demás propietarios de ese mismo sector, entre ellos Parques 21, ya han anunciado que están barajando la posibilidad de interponer una querella si se consuma la opción planteada desde el área de Urbanismo, ya que defienden que la única posibilidad es la refrendada hasta ahora en los juzgados: la demolición de la zona central de Luz Shopping.
Los demandantes se basan para ello en varias sentencias. La primera de ellas la dictó el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jerez, y posteriormente fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en las que se anulaban las licencias y el Estudio de Detalle bajo los que se autorizaron las obras de la zona central del complejo comercial, y se instaba a la “demolición de lo ilegalmente construido”, como apuntan desde Parques 21. Ambas sentencias fueron recurridas, así como la dictada por el Tribunal Supremo en 2017 en la que se volvía a anular el Plan Especial, hasta que el pasado 25 de octubre, el Juzgado concluyó la obligada ejecución de la sentencia. Esta última resolución también ha sido recurrida por el Ayuntamiento y por Ikea, pero los propietarios denunciantes insisten en que ese recurso “no suspende la ejecución de la sentencia” y confiaban en que Urbanismo acatase definitivamente el cumplimiento de la sentencia, en vez de proceder al trámite que se llevará hoy a pleno y que en su opinión lleva al Ayuntamiento “a posicionarse claramente en defensa de los intereses particulares de la multinacional sueca sin obtener nada a cambio y sin tener en cuenta los derechos del resto de propietarios del ámbito”.
El por qué el Ayuntamiento ha seguido adelante en la búsqueda de una solución que permita legalizar la situación de Luz Shopping obedece, en especial, al hecho de que Ikea pueda exigirle una indemnización por el derribo cercana a los 90 millones de euros. Sin embargo, desde Parques 21 sostienen que esas afirmaciones “no suponen más que una clara demostración del desconocimiento de la situación”, y culpan directamente a Ikea de plantear los “instrumentos urbanísticos aprobados”, ya que “era conocedora de los problemas que su tramitación podía acarrearle”.
En cualquier caso, los grupos políticos que han decidido respaldar este jueves la modificación del PGOU que beneficiará a Luz Shopping entienden que la propuesta planteada es una “salida factible”, y no sólo aludieron a la cuestión de la demolición, sino también a la repercusión en el empleo que podría acarrear el cierre de la zona central. Es más, Raúl Ruiz Berdejo (IU) ha llegado a reconocer que el Ayuntamiento se encuentra entre la espada y la pared: “Eso Ikea lo sabe, y así es muy difícil negociar”. Incluso el PP, que se abstendrá, admite estar de acuerdo en la modificación del PGOU, aunque lamenta que no se haya tenido en cuenta la opinión del comercio, ni se haya exigido una compensación a Ikea.
