Informan socialistas y liberales que las compañías españolas simplemente cruzan la frontera, usualmente con furgonetas que indican el tipo de actividad que realizan, se dirigen a Camp Bay, donde existen áreas utilizadas por submarinistas locales y comienzan a operar. La oposición entiende que existe un serio problema con el acceso a las áreas de inmersión, alegando algunas compañías locales que en ocasiones no han podido trabajar porque los españoles han llegado antes.
Los operadores locales de este servicio han denunciado en el pasado que las compañías españolas no cumplen con la legislación gibraltareña y realizan una actividad comercial en la zona sin someterse a los mismos controles y regulaciones que se aplican a los negocios locales. Entre estos están el pago de impuestos y regulaciones portuarias entre otros.
A principios de este año, la trágica muerte de un submarinista alemán atrajo la atención hacia este tipo de actividades realizadas en aguas limítrofes al Peñón por parte de compañías españolas. La oposición declaró entonces que la situación afloraba problemas de naturaleza tanto comercial como política.
En las últimas sesiones parlamentarias, celebradas el mes pasado, el Gobierno respondió a la oposición asegurando que se estaba estudiando regular esta problemática.
