En una breve intervención que se prolongó no más allá de cinco minutos, Juárez dejó claro que no tenía potestad para hacer cumplir la supuesta amenaza que había hecho Aguilera de despedir a los trabajadores porque la empresa que efectuaba el servicio de grúa era una concesionaria, y que por tanto los trabajadores no tenían la consideración de empleados municipales.
Preguntado acerca de si se había disminuido considerablemente el volumen de vehículos intervenidos por la grúa en los depósitos, negó que se hubiese producido tal extremo, y aseveró que seguían llegando coches como lo había hecho hasta ahora.
El testimonio de Juárez fue el quinto de los 12 previstos para la segunda sesión de la vista. Otros dos testimonios de gran relevancia para esclarecer circunstancias que según la defensa de Aguilera podrían tener relación con el caso fueron los del ex policía local José Carrión y el del entonces abogado del Ayuntamiento Ricardo Fernández de Vera Ruiz. A estos dos últimos testigos se les conoce una evidente enemistad que originó acaloradas discusiones, en particular por este mismo caso, como reconocía el letrado.
Grabaciones
De hecho, el abogado defensor de Aguilera, Javier Saavedra, trató de introducir en la causa la referencia a una denuncia presentada por Vera Ruiz tras recibir una llamada de teléfono en la que se le amenazaba con hacer público el contenido de una grabación “en la que afirmaba que era muy amigo de jueces y fiscales”, resaltó el propio denunciante. Saavedra trató de dilucidar si había relación entre dicha grabación y una conversación entre el letrado del Consistorio y Carrión, que fue difundida por la prensa y en la que el contenido podía ser el mismo.
A Vera Ruiz se le preguntaba si había recibido presiones para abandonar la defensa de los intereses del Ayuntamiento en estas y otras causas, varias de las cuales también contaban con Carrión como acusación particular. Éste sólo reconoció que tras las conversaciones airadas que tuvo con Carrión dijo sentirse, a menudo, “desmoralizado” y que finalmente renunció.
Carrión, por su parte, había sido policía local en la Línea entre 1993 y 2002, y llegó a ostentar el cargo de cabo interino, el cual perdió, según reconoció él mismo, porque suspendió el correspondiente examen. Aguilera, sin embargo, había declarado en la primera sesión de la vista que Iria, uno de los acusados, “le había quitado los galones”.
Carrión reconoció que éste le había expedientado hasta en cuatro ocasiones, tres de ellas de consideración grave, lo que podría haber supuesto su expulsión del cuerpo. Actualmente está en excedencia y con el expediente como funcionario limpio, como resaltaron los letrados.
A preguntas de las partes, Carrión reconocía que había investigado por su cuenta los hechos tras enterarse por los gruistas y hecho fotografías al vehículo. Eso sí, fue incapaz de explicar por qué aportó esas imágenes cuatro meses después de presentar la denuncia judicial.
La defensa de los agentes imputados incidió especialmente en el hecho de que Carrión no compareciese en las dos ocasiones en que se le requirió para ello dentro del expediente que se abrió en el Ayuntamiento después de que formulase su primera denuncia. Es más, uno de los letrados reseñó que Carrión llevó el caso a los tribunales el mismo día que tenía que declarar en el Ayuntamiento. El aludido dijo que sencillamente no se fiaba de la transparencia del expediente, y puso de manifiesto que era libre para ir al juzgado.
Carrión recordó haber interpuesto contra el Ayuntamiento otras tres denuncias, entre ellas la del caso Roseworld, y aseveró que esas denuncias “no iban contra Aguilera, sino para denunciar algo ilegal que había hecho el Ayuntamiento”.
Inspección ocular
Un letrado de la defensa llegó a afirmar que los gruistas habían “mentido” a Carrión cuando le dijeron que Iria y el cabo Carlos Fernández habían destrozado el coche en el depósito, porque al día siguiente de los hechos relatados, la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, que llevaba las diligencias de la supuesta agresión al policía local, sólo citó la rotura de la luna trasera derecha.
El juicio concluirá hoy con las conclusiones de los seis letrados que forman parte de la causa. El fiscal pide dos años y seis meses de cárcel para Aguilera por supuestas coacciones y amenazas, y nueve años de inhabilitación para los dos policías locales.
Omisión de datos
El que fuera jefe accidental de la Policía Local de La Línea en el año 2000, Antonio Benítez Cánovas, aseguró ayer durante la segunda sesión de la vista oral del juicio contra Aguilera, Iria y Fernández que se le habían “omitido datos importantes” en referencia al hallazgo y tratamiento del vehículo una vez que éste fue enviado al depósito por los servicios de grúa municipales, los cuales impidieron “mi valoración al respecto”.
Benítez, que en el momento de ser propuesto para jefe tenía menos rango que Iria -era cabo del cuerpo municipal-, confesó que el sargento tenía perfecta potestad para organizar el operativo por su cuenta sin consultarle, y que si bien fue informado de la agresión al policía local que dio origen a la polémica actuación, no se comunicó el hallazgo posterior.
Benítez resaltó que, si bien no hay un protocolo específico en estos casos, lo lógico hubiera sido conducir el coche directamente a la Comisaría de la Policía Nacional porque era ésta la que había abierto las diligencias al respecto.
Tres de los cinco policías locales que estuvieron en aquel depósito corroboraron la versión de su jefe y aseveraron que no se causaron daños al coche aquella tarde.
