El juicio contra el alcalde de Nerja por vertedero ilegal se aplaza hasta octubre

El Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga ha aplazado al 17 de octubre el juicio que tenía previsto celebrar contra el alcalde de la localidad malagueña de Nerja, José Alberto Armijo (PP), y siete personas más por el caso del vertedero ilegal en dicho municipio.

Fuentes judiciales han informado a EFE de que el motivo de la suspensión es que un abogado de uno de los acusados renunció hace una semana a su defensa y el nuevo letrado tiene que estudiar el procedimiento.

Las fuentes han destacado que se ha intentado no demorar mucho la vista oral pero que debido a motivos de agenda se tiene que dejar para octubre porque el juicio tiene previsto que se alargue aproximadamente unas diez sesiones.

En el banquillo de los acusados se sentara junto al regidor, su concejala de medio ambiente, seis empresarios de la construcción y seis empresas que explotaron el vertedero ilegal.

El fiscal en su escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE, mantiene que fue el propio José Alberto Armijo, como alcalde en 1998, quien autorizó la explotación de esta antigua cantera, ubicado en el paraje del Río de la Miel, como vertedero.

La acusación pública mantiene que lo autorizó desoyendo reiteradamente los numerosos escritos que le advirtieron de la ilegalidad y peligrosidad de este vertedero ubicado en suelo de protección especial por sus valores naturales en las inmediaciones del río Chillar y el Parque Natural de Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama.

El vertedero, que fue clausurado por orden de la Junta de Andalucía y del Seprona en septiembre del 2016, después de 16 años de funcionamiento, ocupaba una extensión de 36.000 metros cuadrados, y está ubicado en el espacio protegido del Parque Natural de la Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

En un principio se llegó a investigar a cerca de cuarenta personas, entre empresarios y cargos públicos, y se bloquearon más de 170 bienes muebles e inmuebles valorados en más de 5 millones.

La Fiscalía malagueña ha pedido que el alcalde y el resto de acusados sean condenados a dos años de prisión y 18 meses de inhabilitación especial para profesión u oficio así como al pago de una multa de 7.200 euros.

Para las seis empresas encausadas por este mismo delito solicita multa de 18.250 euros.

Además se pide que todos ellos paguen solidariamente las obras para la restitución del paraje a su estado original, actuaciones inicialmente tasadas en torno a los 11.000.000 de euros.

El fiscal mantiene que a principios del 2000 a iniciativa del alcalde "sin la tramitación de expediente administrativo, licencia ni autorización administrativa o medioambiental", el Ayuntamiento concertó de forma verbal la gestión del desarrollo de la actividad de vertidos de escombros y deshechos con determinadas empresas relacionadas con la construcción.

Se comunicó a la Junta de Andalucía la intención de realizar un vertedero pero el Gobierno andaluz les contentó que hacía falta un estudio de impacto ambiental, aunque según la acusación pública se hizo caso omiso y el fiscal destaca que era "un hecho público y notorio" la existencia de vertidos en una zona protegida.

El propio Ayuntamiento supuestamente depositaba en el lugar los restos de obras y de podas vegetales, según mantiene la acusación pública, que añade que del 2000 al 2010 hubo expedientes sancionadores y denuncias sobre la situación de la zona.

En el 2013 agentes de Medio Ambiente detectaron en una inspección residuos como electrodomésticos, neumáticos, restos de construcción y otros.

Posteriormente, en otra inspección, realizada en 2016, se determinó que el noventa por ciento de la actividad estaba dentro del espacio natural protegido y que el suelo no estaba impermeabilizado, con vertido indiscriminado y sin ningún tipo de criterio.