Ninguna decisión. Ningún anuncia del equipo de gobierno municipal deja de causar revuelo. Más si se hace en periodo preelectoral. Es lo que ha ocurrido con la intención conocida el fin de semana de hacer de Smassa, la empresa mixta que gestiona los aparcamientos y la zona ORA de Málaga, una institución pública.
Si para el alcalde, Francisco de la Torre todo son ventajas, para la oposición no está tan claro. En medio, unos trabajadores que ya han mostrado su inquietud. En efecto, el Ayuntamiento anunció que inicia el procedimiento para la municipalización de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga (Smassa), creada en 1986 como pública y convertida en mixta en 1998 que se encuentra participada al 51% por el Ayuntamiento, al 24,5% por Unicaja Banco y al 24,5% por Empark Aparcamientos y Servicios.
Después de culminar el proceso de municipalización, ahora volverá a ser íntegramente pública. Así, cuando se valore el precio del 49% de las acciones, el Ayuntamiento pedirá un crédito para proceder a la adquisición, parte del cual se cancelará sacando a concurso la concesión de los estacionamientos ubicados en Camas y Salitre, anunció el consistorio en un comunicado.
Objetivo principal
El principal objetivo de este proceso de municipalización es “continuar promoviendo aparcamientos para residentes en diferentes barrios de Málaga” de modo que “una vez culminada la municipalización, se impulsará el cuarto Plan de Aparcamientos para Residentes, con 4 nuevos aparcamientos en La Princesa, Villafranca-Flex, Plutarco y Trinidad”.
Este lunes, el alcalde tuvo que salir a aclarar y tranquilizar a los trabajadores. De la Torre. tras ser cuestionado por los periodistas, valoró “el esfuerzo” (el importe de la compra es de aproximadamente 25,5 millones de euros) y aseguró que es "un traba jo de meses, prácticamente, diría un año. Es un proceso que tiene ver cómo se enfocaba, de qué manera. Tiene varias razones, la nota era muy clara, transparente”.
“Los conceptos, criterios e informes que tenemos totalmente internos en el Ayuntamiento plantean en relación con la presencia de socios privados algunos problemas, como hemos visto... entonces tiene nada más que ventajas, pero ningún problema respecto a situación de dificultad”.
De igual modo, defendió que la reacción del personal “iba a ser positiva” y no han creído oportuno ir informando durante este tiempo a los otros grupos porque “luego te lo cuentan de otra manera y porque nos parecía también bueno informar directamente a los medios, a los malagueños, que es positivo, que da respuesta a las observaciones que nos hacía el Tribunal de Cuentas”.
Reacción de la oposición
Las críticas de la oposición, rechazadas por el alcalde pese a no haber ofrecido informaron, han sido rotundas. El portavoz socialista y candidato a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, calificó el anuncio de Francisco de la Torre sobre la municipalización de la empresa mixta de aparcamientos de la ciudad, SMASSA, como “una huida hacia delante de forma repentina, sin contar con la opinión de los socios, acosado por la justicia y cuestionado por los privados que internamente critican la viabilidad económica de las últimas actuaciones municipales.”.
Horas después de informar el Ayuntamiento a través de una nota de prensa sobre “las prisas para municipalizar la entidad, algo que los socialistas ya pedimos desde hace años, nos llama la atención que sea el alcalde quien anuncia que la entidad será 100% pública, en vez de hacerlo arropado por las empresas privadas que cuentan con un 49%”.
La coordinadora local de Izquierda Unida, concejala y candidata a la alcaldía de Por Andalucía, Remedios Ramos, indicó que “siempre hemos defendido la municipalización de la empresa de aparcamientos municipales SMASSA, como hemos recogido en nuestros programas electorales”, pero para que “sea un instrumento al servicio de la movilidad sostenible y los intereses generales, no para el beneficio de privados. Estudiaremos los números de esta operación y la fórmula por la que se ha optado, la compra de acciones a los socios privados, para que se pague una cantidad justa que no sea lesiva para las arcas públicas y se defiendan los intereses municipales”.
