Dos asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), con representación en Málaga, han promovido un procedimiento arbitral ante la Oficina Pública de Elecciones Sindicales en esta provincia, por el que solicitan la exclusión de los 157 secretarios judiciales con destino en Málaga, del censo elaborado para proceder el próximo día 20 de junio a celebrar las elecciones sindicales. Para esta votación están llamados los cerca de 2.000 empleados públicos del Ministerio de Justicia en esta provincia.
En esa jornada se deben de elegir a los representantes de los trabajadores para los próximos cuatro años, y la mayoría de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de Málaga no quiere que sean los delegados de los 'sindicatos generalistas' los que les representen, por considerar que sus condiciones de trabajo, como Cuerpo Superior "son diferentes" a las de las otras cuatro escalas (Gestión, Tramitación, Auxilio Judicial y médicos forenses).
Reclaman por ello, desde hace años, y después del último conflicto laboral con el Ministerio de Justicia, su derecho a la negociación colectiva y a tener una representación propia en este proceso electoral, conforme a los últimos pronunciamientos de tribunales de justicia y laudos arbitrales acordados en otras provincias españolas.
El procedimiento de impugnación fue registrado el pasado 9 de mayo por los representantes de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), y de la Asociación Sindical de Secretarios de la Administración de Justicia (ASSEJUS), vinculada ésta última al Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, de tendencia conservadora.
Ambos colectivos han demandado también tanto a la Junta de Andalucía como a la Gerencia Territorial de Justicia en Málaga, dependiente del Ministerio que dirige Pilar Llop, ya que consideran que han tenido responsabilidad en la elaboración del censo de electores y elegibles para estos comicios sindicales.
MOTIVOS CONTRA LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Entre los siete motivos por los que justifican su exclusión está el que los letrados judiciales, afirman, son un cuerpo nacional que depende orgánicamente del Ministerio de Justicia, y que no han sido transferidos a ninguna comunidad autónoma. Recuerdan que la ley del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 establece que las unidades electorales se regularán, tanto por el Estado como por cada Comunidad Autónoma, "dentro de sus competencias", designando tras unas elecciones a una Junta de Personal (que ahora integran los delegados sindicales elegidos por los funcionarios). En estos momentos dicha Junta está presidida por UGT, aunque la mayoría la obtuvo SPJ-USO en los comicios de 2019.
"En el caso de la provincia de Málaga, es evidente que en esa unidad electoral ni están ni pueden estar representados los letrados de la Administración de Justicia, porque en esa Junta de Personal solo podrán integrarse los funcionarios de justicia que hayan sido transferidos a la Junta de Andalucía, sin que en las mismas puedan mezclarse con funcionarios dependientes de otra administración pública", sostienen las dos asociaciones de secretarios judiciales, que reiteran que de celebrarse las elecciones sindicales el próximo 20 de junio con el actual censo, que incluye a los 157 LAJ malagueños, supondría que la Junta de Andalucía está "ejerciendo competencias que legalmente no tiene".
El segundo de los motivos que esgrimen, tanto la UPSJ como la asociación sindical ASSEJUS, es que a este cuerpo superior "se le están conculcando" los derechos reconocidos en la ley de Libertad Sindical y en la del Poder Judicial al incluirles en dicho proceso electoral por una administración autonómica que "carece absolutamente de competencias para regular sus condiciones de trabajo".
Reprochan también que se les impida participar en unas elecciones sindicales a órganos de representación unitaria de la provincia de Málaga. "De mantenerse los listados de electores se produciría una violación de la libertad sindical, tanto colectiva como individual", aseguran los reclamantes.
Para justificar su petición han aportado al árbitro de la Oficina de Elecciones Sindicales de Málaga sentencias de los Juzgados de lo Social de Zaragoza, Teruel, Oviedo, Ourense, Barcelona, Valencia y Sevilla. En este último caso del año 2015, donde el Juzgado de lo Social 7 de la capital andaluza determinó la exclusión de todos los secretarios judiciales de la provincia de dicho censo, una circunstancia que entienden que sería extrapolable a la provincia de Málaga.
También han trasladado un informe de la Abogacía del Estado del 2013, así como un listado de los LAJ malagueños que en las últimas semanas han suscrito un documento, dirigido a la Junta de Andalucía, en el que solicitan su exclusión como electores y elegibles.
IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO CON LOS LAJ
Por su parte, los representantes sindicales de CC OO, CSIF, STAJ, USO y UGT han venido sosteniendo con esta polémica que sus organizaciones representan a todos los trabajadores de Justicia españoles, transferidos o no a las comunidades autónomas, ya que "en algunos casos contamos entre nuestros afiliados a nivel nacional con secretarios judiciales. De hecho en una de las candidaturas que se presentan en Málaga para el 20 de junio figura un secretario", apostillan.
Sí reconocen, no obstante, que la gran mayoría de los 4.379 secretarios de toda España están adscritos a alguna de las tres asociaciones que convocaron el paro en el mes de enero pasado.
Lo que resuelva el árbitro nombrado para este conflicto de representación traería como consecuencia una reducción del número de delegados sindicales del sector de Justicia en Málaga, al decrecer el censo en 157 personas (-8%). Las elecciones a representantes de funcionarios en 2019 dieron los siguientes resultados: SPJ-USO, 7 delegados, CSIF (5), STAJ (4), UGT, (4) y CC OO (3).
Esta nueva tensión entre funcionarios que trabajan a diario en las oficinas judiciales de todo el país se produce después de que a comienzos del mes de mayo los sindicatos CSIF y STAJ recurrieran ante la Audiencia Nacional el acuerdo suscrito por las tres asociaciones de letrados (UPSJ, AInLAJ y CNLAJ) con los Ministerios de Justicia y Hacienda, por el que se daba por finalizada una huelga de 45 días, con una subida salarial para los LAJ de entre 430 y 450 euros brutos más al mes.
Los sindicatos de funcionarios mantienen desde hace siete semanas un paro indefinido que comenzó el pasado mes de abril, con el que reclaman un incremento de entre 350 y 430 euros mensuales. Ayer anunciaron que endurecerán más aún sus protestas, porque "todavía no hemos sido recibidos por el Gobierno, ni existe oferta alguna".
Durante la mañana de este jueves, se ha mantenido en la capital, por espacio de una hora, la primera reunión por este tema del censo electoral, a la que han acudido los cinco representantes sindicales de los funcionarios y los dos de los secretarios judiciales impugnantes, en este caso representados por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Málaga, y una LAJ de la Audiencia Provincial.
