La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, Estela Gómez Giner, declaró este lunes en el juicio contra el ex decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, en el que la Fiscalía le acusa de un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial, por no dar instrucciones para que acudieran a los juzgados los letrados de esta agrupación profesional que prestan asistencia jurídica, que tuvo que "poner en la calle a cuatro detenidos, que habían pasado a disposición judicial, porque ese día no acudieron los abogados de oficio al juzgado de Guardia".
En aquella jornada del 6 de mayo de 2020, tanto el fiscal asignado como ella, junto con los funcionarios, se encontraban de forma presencial de guardia de detenidos con la declaración de estado de alarma en vigor. Pese a ello, muchos de servicios públicos fueron considerados esenciales por el Gobierno, por lo que algunos de los órganos jurisdiccionales retomaron poco a poco parte de su actividad, pero adoptando medidas preventivas como el uso de mascarillas, geles y el distanciamiento en las comunicaciones.
Según explicó este lunes la jueza Gómez, en la primera sesión de la vista oral en el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga que juzga al ex decano, "un funcionario llamó a primera hora al Colegio de Abogados para solicitar que facilitarán los nombres de los letrados que tenían asignada la asistencia de oficio". Pero conforme transcurría la mañana nadie acudió, "por lo que se volvió a insistir a media mañana al Colegio, que respondió que no se iba a acudir", y que cualquier comunicación desde el juzgado se hiciera, dadas las circunstancias de la pandemia, vía correo electrónico.
Ese día persistía el estado de alarma en toda España y el órgano colegiado de la abogacía malagueña consideró que se podría poner en riesgo la salud de los letrados si no se reunían las condiciones sanitarias en los calabozos y dependencias judiciales, para asistir a los arrestados físicamente en sus declaraciones.
Sin embargo, la magistrada de Guardia, Estela Gómez remarcó que "aquel día todo el personal de la Administración de Justicia estaba, salvo los letrados de oficio", lo que suponía, dijo, conculcar el derecho a la tutela judicial. De la gravedad de la decisión y la desobediencia advirtió en una providencia que firmó posteriormente al propio decano de los abogados, Javíer Lara.
La magistrada, que declaró como testigo cerca de una hora en audiencia pública, recordó que con anterioridad se venían celebrando las declaraciones en los calabozos de la Ciudad de la Justicia de Málaga, ya que estos disponían de mamparas de separación y un teléfono interior.
"Yo he estado destinada en Torremolinos y éstos no se pueden comparar con los de Málaga. Incluso la Policía nos llegó a decir que los calabozos de los juzgados estaban siempre en mejores condiciones que los de la comisaría", señaló la instructora.
"Recuerdo que incluso llegué a sugerir que yo me iba de mi propio despacho si fuera necesario, y que se podría realizar una videoconferencia" para garantizar la confidencialidad con los clientes en situación de arresto.
MEDIDA UNILATERAL DEL COLEGIO
"No puede ser que yo llegue al Juzgado y no tenga un letrado de asistencia a los detenidos, porque se hubiera adoptado una decisión unilateral. Que a mi me conste, no hubo un protocolo pactado entre el Decanato de los jueces y el Colegio de Abogados para regular esta situación. Y lo que no puede ser es que los detenidos se queden durante horas esperando abajo porque no aparece el letrado de oficio", recordó la magistrada del número 10.
Un expediente abierto posteriormente al ex decano ha sido el que ha dado lugar al procesamiento de Javier Lara por un delito de desobediencia, por el que el Ministerio Público pide una pena de 12 meses de multa, con una condena diaria de 15 euros de responsabilidad subsidiaria.
Mientras que el fiscal sostiene que el acusado impidió el libre ejercicio del derecho a desempeñar la profesión liberal de todos aquellos abogados dispuestos a prestar el servicio de Guardia a los detenidos, el abogado defensor del decano, José Javier Polo, sostuvo que fue una decisión colegiada, "aunque solo fuera firmada por Lara".
De hecho, en las diligencias incoadas por este caso por el Juzgado de Instrucción número 6 figura un escrito, firmado posteriormente por los 15 miembros de la Junta de Gobierno presidida por Javier Lara, y que no se sientan en el banquillo, donde afirman que se trató de una decisión conjunta.
"En ese momento morían miles de personas, no nos podemos olvidar, y debido a ello la Junta de Gobierno del Colegio se limitó a velar por la seguridad, la protección de la vida y la salud de los colegiados. Pero nunca tuvimos intención de desobedecer ningún mandato", declaró Francisco Javier Lara.
TESTIMONIOS DE COMPAÑEROS LETRADOS
En el juicio testificaron varios miembros de la Junta gubernativa. Una de ellas, E. J., volvió a reiterar a preguntas del fiscal que la "decisión fue colegiada y la firmó el decano, porque alguien la tenía que firmar". Y se adoptó porque "los abogados también teníamos que tomar nuestras propias medidas de protección en una situación muy complicada, que ahora la vemos con el paso del tiempo. Llevo en el turno de oficio 22 años y entonces había alarma social. Pero nunca nos negamos a prestar el servicio a los detenidos. Lo único que pedíamos eran garantías y el Colegio, de hecho, llegó incluso a dar mascarillas a los juzgados", apostilló.
Durante este último testimonio de la letrada, hubo un momento de tensión con el Ministerio Público cuando la testigo aseguró que en una de las declaraciones que se realizaron esos días en Instrucción 5, "el fiscal no estaba en la sala físicamente", a lo que la acusación pública respondió con que "lo comprobaría por si se ha producido falso testimonio".
El ex decano, que se sentó junto a su letrado defensor, Javier Polo, perteneciente a un despacho de Madrid, rechazó contestar a las preguntas del Ministerio Público.
A la salida de la vista, un grupo de abogados aplaudió efusivamente al ex decano malagueño, al tiempo que se extendieron tres carteles donde se podían leer: "Lara, decano, eres nuestro hermano", "Lara, valiente por ti lucha tu gente" y "No es un delincuente, lo hizo por su gente", con el logo de la Agrupación Jienennse de Abogados del Turno de oficio (Ajato).
También ocupó la primera fila del público, su sucesor en el cargo colegial, Salvador González. El pasado año, varios colegios de letrados de España mostraron su respaldo a Javier Lara, pronunciándose en contra de este procesamiento por desobediencia.
Para el próximo miércoles, 7 de junio, están citados a declarar tanto el decano de los jueces de Málaga, José María Paéz, como una letrada de la Administración de Justicia (LAJ). El primero deberá aclarar qué medidas se adoptaron para garantizar la seguridad sanitaria por el Covid durante las declaraciones.
