Una semana después de que CSIF firmase en Madrid con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el sindicato UGT un acuerdo para una subida salarial de los funcionarios dependientes del Gobierno central que trabajan en cinco comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, que no tienen traspasadas las competencias de Justicia, la organización sindical independiente ha solicitado por escrito al consejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Nieto, que se siente "a negociar también de manera urgente" la subida salarial que corresponde a los cerca de 9.000 funcionarios que trabajan en los juzgados y tribunales de las ocho provincias andaluzas, y sobre los que la Junta de Andalucía tiene asumidas las transferencias de personal desde el año 1997.   La misiva para Nieto se efectúa después de que semanas atrás los responsables de la Consejería de Justicia pospusieran cualquier negociación, con los representantes sindicales de Andalucía hasta que no se resolviera el conflicto nacional con el Ministerio.    El acuerdo, que no ha sido suscrito el pasado 11 de abril por STAJ, CC OO y SPJ-USO que lo califican de "insuficiente", afecta a unos 11.000 funcionarios no transferidos de los cuerpos generales de Justicia que trabajan en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura y Murcia, así como en los órganos centrales como Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Fiscalía General del Estado.     A este respecto, CSIF señala al responsable andaluz que el Ministerio se ha comprometido en una cláusula "a comunicar el acuerdo a la Conferencia Sectorial de las Comunidades Autónomas con competencias en Justicia, dando inicio a la senda de actualización del Complemento Específico en todos los ámbitos donde aún no se ha llevado a cabo".     El sindicato recuerda al consejero José Antonio Nieto que en Andalucía el último acuerdo marco significativo tuvo lugar en 2018 (el PP llegó a la Junta a inicios de 2019), "con un reconocimiento del incremento salarial consolidado en el Complemento Específico que situó a nuestra comunidad como referencia nacional".    Para la organización sindical mayoritaria, el esfuerzo formativo para la transformación de la Oficina Judicial y la carga de trabajo de los juzgados andaluces hacen justificable una revisión salarial de manera "urgente" para no dejar a Andalucía por detrás de otras autonomías.   "Han pasado casi seis años desde ese acuerdo sindical, y ahora más que nunca es necesario iniciar un nuevo diálogo para actualizar el Complemento Específico. Andalucía no puede quedar descolgada respecto al resto, por lo que se debe actuar de manera inmediata", asegura CSIF, que recuerda también al consejero del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla que sigue pendiente el abono de las pagas extraordinarias de 2013 y 2014 que fue descontado de sus nóminas a unos 6.500 funcionarios de Justicia de Andalucía, por los recortes del año 2012 durante el Gobierno de Mariano Rajoy.   SIN RENUNCIAR A DETERMINAR LAS FUNCIONES   La firma del acuerdo entre el Gobierno central, CSIF y UGT ha abierto la brecha de la división sindical con las otras tres principales organizaciones del sector de Justicia a nivel estatal, que se habían sentado con el Ministerio de Félix Bolaños, a inicios de este año, para buscar una salida a un conflicto en las sedes judiciales que se prolonga desde abril de 2023, con efectos como la suspensión de miles de juicios y declaraciones señaladas.    De hecho, para la semana que viene STAJ, CC OO y SPJ-USO han convocado protestas en Málaga y Andalucía contra ese acuerdo salarial, que contempla incrementos de entre 165 y 250 euros brutos al mes según las escalas, lejos de los 350 y 430 euros que se recogían en la plataforma sindical inicial.   CSIF, sin embargo, justifica el acuerdo al considerar al Ministerio de Justicia como un interlocutor más de una de las 13 mesas de negociación abiertas (las otras 12 corresponderían a cada una de las comunidades autónomas con competencias de Justicia), ya que entiende al Gobierno central "como el interlocutor y empleador directo" del personal destinado en aquellas comunidades y tribunales, como el Supremo, la Fiscalía o la Audiencia Nacional, que no están transferidos.   El sindicato sostiene que la firma de CSIF, STAJ, UGT y CCOO de la mayoría de los acuerdos de mejora del Complemento Específico en comunidades como el País Vasco, Madrid, Asturias, ámbito no transferido, o Cataluña y Canarias, donde la negociación está a punto de cerrarse, "es totalmente compatible con la continuación de nuestras demandas ante el Ministerio de Justicia".   Por ello, según esta organización, "no se puede decir que CSIF haya renunciado a luchar por el reconocimiento de las funciones ni el resto de puntos de la tabla reivindicativa de la huelga, ni por el contenido del acuerdo ni por las competencias de la mesa en que se adoptó", ha señalado en un comunicado a sus afiliados y a los trabajadores de los juzgados.   El sindicato recuerda al respecto que en mayo de 2021 se creó mediante una resolución una mesa delegada para negociar con el Ministerio los problemas del personal no transferido.    "En consecuencia, no se puede decir que el acuerdo ponga fin a la lucha por el reconocimiento de las funciones por el Complemento General del Puesto, cuando la mesa en la que se adopta dicho acuerdo no es competente para negociar las reivindicaciones que se pusieron en marcha en ese conflicto", sostiene CSIF, que añade que en la actualidad también se está negociando con el Ministerio el proyecto de la Ley Orgánica del Servicio Público de Justicia, antigua LOEO.