Después de que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) firmase un acuerdo el pasado 11 de abril con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la UGT para actualizar las nóminas de 11.000 funcionarios no transferidos a cinco comunidades autónomas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), el sindicato ha anunciado que comenzará a movilizarse a partir de este lunes, 6 de mayo a las 12, para forzar a la Junta de Andalucía que se siente a negociar la actualización del llamado Complemento Específico Autonómico (CEA), así como la mejora de las condiciones de los 9.000 funcionarios de Justicia transferidos que trabajan en los juzgados y tribunales de las ocho provincias andaluzas y sus 85 partidos judiciales.
El incremento acordado, que conlleva una subida progresiva por categorías desde mayo próximo para llegar hasta los 165 y 250 euros brutos al mes, afecta también al personal que trabaja en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado, pero deja fuera a los empleados de Andalucía.
Para el sindicato, la Junta de Andalucía debe de cumplir con sus compromisos como administración que tiene las transferencias de Justicia asumidas desde hace 27 años, y pide al consejero José Antonio Nieto que no eluda su responsabilidad y "utilice a los funcionarios de Justicia de Andalucía como arma arrojadiza para sus 'batallas' con el Gobierno central".
Según la organización sindical, "estas movilizaciones se inician ante la pasividad del consejero de Justicia que no ha dado ninguna respuesta a la petición que CSIF presentó para reunirse y abordar en la Mesa de Diálogo la actualización del Complemento Específico Autonómico", así como la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios de Justicia en Andalucía, "sometidos a una gran carga" de expedientes.
CSIF recuerda a la Junta de Andalucía la necesidad de pactar con los empleados públicos un nuevo Acuerdo Marco que venga a renovar el último que se firmó en el año 2018 con la entonces consejera de Justicia socialista, Rosa Aguilar.
Seis años sin acuerdo salarial
Sobre el mismo, suscrito semanas antes de las elecciones autonómicas de diciembre de ese año tras las cuales el PP llegó a la Junta con el respaldo de Ciudadanos, el sindicado recuerda al consejero José Antonio Nieto que "aún quedan también puntos pendientes por cumplir como el desarrollo de la Carrera Profesional y la devolución de las Pagas Extras de 2013-2014".
Este último asunto lleva meses generando un fuerte malestar en los juzgados y sedes judiciales de las ocho provincias andaluzas, ya que comporta la falta de devolución de una media de 3.000 euros por funcionario (unos 6.500 que formaban la plantilla aquellos años), y que fueron detraídos de cada una de sus nóminas por el Gobierno autonómico de entonces, con el objetivo de cumplir con los recortes fijados en todas las administraciones públicas, tras un decreto del Gobierno de Mariano Rajoy.
Los sindicatos con representación en el sector de Justicia en Andalucía han llamado la atención sobre este asunto, porque el resto de funcionarios en todas las comunidades autónomas españolas han recuperado paulatinamente estos importes detraídos, "menos en Andalucía".
Unas cantidades equivalentes a dos pagas extraordinarias que el Gobierno regional de Juan Manuel Moreno Bonilla tampoco ha devuelto a los empleados de Educación y Sanidad transferidos, según recuerdan los sindicatos.
"Han transcurrido casi 6 años desde ese acuerdo, y ahora más que nunca es necesario iniciar ese diálogo para actualizar el Complemento Específico al igual que han hecho otros ámbitos territoriales", dice CSIF, que añade que Andalucía cuenta con una alta tasa de litigiosidad en España y con mayor carga de trabajo, además de un endémico déficit de personal.
La organización independiente reprocha al consejero que realice declaraciones públicas donde proyecta las experiencias pilotos de Tribunales de Instancia o comarcalizaciones que lleva a cabo la Junta, y a la vez "puede dar la espalda a 9.000 trabajadores, permitiendo que crezca la brecha retributiva respecto a las Comunidades que sí están llegando a acuerdos" con sus plantillas transferidas. Un importe por esa diferencia que el sindicato estima que es de unos 300 euros menos que lo que se percibe en territorios con competencia de Justicia.
"No sentarse a negociar demuestra lo poco que les importan los trabajadores a su cargo", dice CSIF, que recuerda al consejero Nieto que este personal "no son jueces, fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, abogados y procuradores con los que, siendo también parte de esta Administración, no son de su competencia como consejero y con los que, sin embargo, mantiene una comunicación mucho más fluida".
Comunidades autónomas con transferencias en Justicia, como Madrid, Cataluña o País Vasco, han alcanzado ya acuerdos retributivos para estos empleados públicos, mientras que las consejerías con esta competencia de Navarra, Comunidad Valenciana, Navarra y Aragón han convocado a las mesas respectivas para negociar con los sindicatos las actualizaciones retributivas de los complementos autonómicos.
