Los parlamentarios andaluces del PSOE Enrique Benítez y Marisa Bustinduy han mantenido una reunión de trabajo con los representantes malagueños de la Asociación de Profesores de Tecnología de Andalucía (APTA) y la Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología (Peapt), con la finalidad de analizar los profundos cambios contemplados en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en la enseñanza de estas materias tan "importantes y fundamentales" para la educación del alumnado español y andaluz.
Durante la reunión, los representantes del profesorado de tecnología --más de 1.750 profesionales imparten estas asignaturas en el sistema educativo andaluz-- se han manifestado muy críticos con los cambios contemplados en la Lomce, tanto en su redacción inicial como en las modificaciones que se han realizado y conocido a lo largo del mes de diciembre.
Según estos profesores y según recoge el documento de análisis que han elaborado, "en el proyecto de ley se detectan problemas relativos a la igualdad de oportunidades, al tratamiento del alumnado con dificultades, a la profesionalidad y derechos del profesorado, a la democracia participativa en los centros, al tratamiento que se da a las lenguas propias de las comunidades autónomas y a determinados principios que han hecho avanzar la educación en nuestro país y en el mundo, como la de no someterla de manera directa, como bien público que es, a los criterios inmediatos económicos y de los mercados".
Estas asociaciones también señalan que "el borrador de la Lomce destaca la necesidad de que el alumnado alcance todas las competencias fundamentales y hace varias alusiones al informe PISA. Sin embargo, se relega la materia de Tecnología a un segundo plano, aun sabiendo que contribuye a desarrollar todas las competencias básicas recomendadas por las organizaciones europeas, y tiene un papel importante en la adquisición de hábitos de resolución de problemas, valorados en los informes PISA".
En los documentos conocidos hasta ahora, elaborados por el Ministerio que dirige Juan Ignacio Wert, la tecnología desaparece como materia troncal en la ESO y no se garantiza su oferta en el Bachillerato. Tampoco se garantiza la docencia de sus contenidos en Primaria, al desdoblarse Conocimiento del Medio --que la incluía-- en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Para Benítez y Bustinduy, esta nueva configuración "no tiene ninguna lógica" si atendemos a la evolución de la educación y a la propia realidad social, han señalado desde el PSOE.
La sospecha es, según han expresado desde el PSOE, que se está tratando de crear una brecha entre la escuela pública y la escuela privada y concertada, reduciendo la primera a la educación en competencias muy básicas, y dando la oportunidad a los centros educativos con ánimo de lucro de acaparar la oferta de conocimientos y habilidades demandados y por los que las familias están dispuestas a pagar.
De esta forma, "la imprescindible educación en tecnología y en materias fundamentales para el desenvolvimiento cotidiano y para la futura inserción laboral parece destinada a formar parte de un circuito muy lucrativo para unos pocos, creando exclusión de hecho a partir del potencial económico de cada familia", han señalado desde el PSOE.
De hecho, los profesores de tecnología han reclamado la paralización de la Lomce y que se realice un debate serio, pausado, riguroso y consensuado antes de realizar ninguna reforma del sistema. También han pedido que la ley se apruebe por mayoría reforzada, y no por mayoría simple, y que obligue el mismo refuerzo para modificarla en el futuro. "Con esto se evitaría el continuo ir y venir de leyes educativas que no benefician nada a nuestro Sistema Educativo", han precisado.
Los parlamentarios socialistas se han comprometido a trasladar estas inquietudes, reclamaciones y propuestas al Parlamento de Andalucía, y a tomar iniciativas para que en Andalucía, dentro de sus posibilidades de diseño curricular propio, la enseñanza tecnológica sea para todos y no un privilegio por el que haya que pagar una cuota mensual que convertiría un derecho universal en un negocio particular.
"No vamos a permitir que la educación pública siga el camino que el Gobierno de Rajoy ha marcado para la sanidad, que ha pasado de ser un derecho a convertirse en un negocio muy lucrativo para un puñado de empresas. Lo que está en juego es el futuro de centenares de miles de estudiantes andaluces, cuyo horizonte laboral no puede estar en manos de espúreos intereses económicos", han manifestado Benítez y Bustinduy.
