La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) ha trasladado a la Fiscalía Superior de Justicia de la comunidad supuestas vulneraciones de derechos fundamentales de personas de dicho colectivo que, según esta organización, se están cometiendo en la Unidad de Transexualidad e Identidad de Género (UTIG) del Hospital Carlos Haya de Málaga.
Así lo ha anunciado este miércoles en una rueda de prensa en Sevilla la presidenta de ATA, Mar Cambrollé, que ha informado además de que el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha designado a la fiscal andaluza de violencia de género Flor Torres Porras, para que "se abran las diligencias de investigación oportunas" con las que aclarar si es necesario "revisar la praxis médica de la UTIG, y si la actual vulnera derechos fundamentales al colectivo de personas transexuales".
La citada asociación ha explicado en una nota que ha decidido dar este paso tras recabar "durante varios meses" testimonios de miembros de este colectivo que alertan de que, en las evaluaciones previas a las que se someten en dicha unidad, se les realizan preguntas que "vulneran el principio de igualdad, son vejatorias porque atentan contra la intimidad, solicitan información de terceros y anulan el derecho de autonomía personal".
Por ello, ATA considera que "se están vulnerando derechos y libertades fundamentales" como el de "la dignidad de la persona, la igualdad y la no discriminación por ninguna circunstancia personal o social", cuestiones que "ningún protocolo médico puede quebrantar".
Estas prácticas, que, en opinión de Cambrollé, "no justifican ser válidas para una evaluación que dependa de ella la terapia hormonal o intervenciones quirúrgicas", han llevado también a la asociación que preside a ponerse en contacto con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien, según ha indicado, ya ha expresado en una reunión mantenida con ella y la mencionada fiscal de violencia de género "la necesidad de revisar estos protocolos".
Por último, ATA ha ofrecido "mano tendida" a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía para "buscar una solución" a esta cuestión que "respete la dignidad y el principio de igualdad".
