Una familia numerosa con cuatro hijos y ambos progenitores, de nacionalidad marroquí, en situación de desempleo y una monoparental, compuesta por una mujer española y divorciada, con dos menores a su cargo, de cinco y 10 años, son las primeras beneficiarias en la provincia de Málaga del decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía.
En ambas viviendas, situadas una en Camino de Suárez y la otra en calle Ebro, había sendas órdenes de desahucio. En el primero de los casos --correspondiente a la mujer divorciada--, estaba previsto para el pasado 13 de junio, pero fue parado, y en el otro, el inmueble había sido puesto, incluso, a la venta porque "el banco se lo había adjudicado de forma extrajudicial", según ha informado este lunes el delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Málaga, Manuel García Peláez.
Con motivo de la presentación del convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda por parte del Colegio Profesional de Trabajo Social, García Peláez ha señalado que se trata de "familias que por culpa de la crisis han sufrido una situación económica en la que no se encontraban anteriormente y eso les ha hecho evidentemente perder la capacidad de pagar su hipoteca".
"Tras comprobar la documentación presentada, hemos acreditado que las familias solicitantes cumplen con los requisitos establecidos en el decreto ley y, de ser desahuciadas, no tendrían alternativa habitacional posible, quedando en situación de exclusión social", ha indicado el delegado, quien ha explicado que el proceso que ahora se abre, si finalmente culmina con la expropiación efectiva del uso, "les permitiría permanecer en sus viviendas un máximo de tres años, ofreciéndoles la oportunidad de que puedan mejorar sus condiciones económicas y sociales".
Según ha apuntado, el anuncio publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) es el paso inicial del proceso de expropiación temporal del uso, que es de aplicación a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
Una vez realizada esta publicación, las sociedades adjudicatarias del piso, en estos casos los bancos Santander --en lo referido a la vivienda de la mujer divorciada y con dos hijos a su cargo-- y Banesto --la familia marroquí--, disponen de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
"Si las alegaciones no son aceptadas, se establecerá un justiprecio y se emitirá un informe técnico de la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería, para posteriormente publicarlo de nuevo en el BOJA, como paso previo a la aprobación definitiva de la expropiación", ha precisado García Peláez.
"El Decreto Ley sobre la Función Social de la Vivienda pone todas las competencias de la Administración al servicio de las víctimas de la crisis, evitando situación de clara injusticia social", ha indicado el delegado. La disposición adicional que permite la expropiación temporal de viviendas está pensada, ha añadido, para "dar un margen de tiempo a muchas familias en situación de debilidad amenazadas con la pérdida de sus viviendas".
García Peláez ha señalado también que en la provincia hay abiertos un total de 76 expedientes de expropiación. "Nosotros tenemos 76 solicitudes, para iniciar el procedimiento de expropiación, de las que se han inadmitido ocho, por tanto, tenemos 68 admitidas, que iremos analizando para ir mandando al BOJA en función de que vayan cumpliendo los requisitos establecidos en el decreto", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que, "próximamente, enviaremos dos o tres casos más para su publicación en el boletín".
PROGRAMA ANDALUZ EN DEFENSA DE LA VIVIENDA
El delegado territorial de Fomento y Vivienda también ha informado sobre el convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda rubricado el pasado mes de mayo por el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, destacando "el respaldo decisivo que este apoyo supone para la lucha contra los desahucios".
"Este convenio surge por la importancia que tienen los trabajadores sociales dentro del desarrollo del decreto de la función social de la vivienda porque ellos son una parte importante a la hora de determinar el riesgo de exclusión social, de las personas que padecen esta situación extrema de pérdida de vivienda", ha señalado el delegado.
Según ha informado, este convenio lo que hace es "establecer las pautas de trabajo que podemos tener desde la Delegación, así como desde el Colegio de Trabajadores Sociales; la idea fundamental es ver cómo podemos establecer los cauces de colaboración entre ambas entidades".
García Pélaez, que ha estado acompañado por el presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, Rafael Arredondo, ha explicado que "los servicios sociales comunitarios, atendidos por este colectivo, constituyen la primera puerta a la que llaman muchas personas en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad".
Según ha comentado el delegado, "es fundamental establecer una relación fluida de trabajo con estos profesionales para que la identificación, en esta fase de atención temprana, de familias en riesgo de ser desahuciadas o que ya hayan sido expulsadas de sus hogares se produzca de forma rápida y ágil". "Ese primer paso permitirá la derivación inmediata de los casos a las oficinas de intermediación de la Consejería", ha señalado.
Arredondo, por su parte, ha afirmado que lo que diferencia a este decreto de otras medidas tomadas anteriormente es que "éste si recoge la necesidad de que haya un informe social, es decir, que es personal técnico el que va a definir si una familia está en situación de exclusión o no, mientras que los otros anteriores decretos dejaban en manos de los bancos esta decisión y en la mayoría de los casos ponían unos requisitos tan duros que casi nadie los cumplía".
El representante de los trabajadores sociales ha apuntado, además, que "estamos viviendo una situación en la que estos profesionales no podían quedar al margen", ya que el año pasado tuvieron lugar un total de 3.977 lanzamientos.
Para abordar la realización de estos informes, según ha aseverado García Peláez, se van a celebrar unas jornadas de formación al colectivo de los trabajadores sociales, que tendrán lugar el 10 de julio.
