El Juzgado de lo Penal número 8 tiene previsto juzgar a lo largo de la próxima semana al alcalde de la localidad malagueña de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza), por 14 causas distintas por delitos urbanísticos, según han informado fuentes judiciales, quienes han indicado que los 14 juicios se desarrollarán desde el día 10 y hasta el 13 de este mes de diciembre.
Según han explicado las mismas fuentes, en algunos de los procedimientos están también acusados un arquitecto municipal y un abogado externo. En todos los casos, se trata de la concesión de una licencia contraria al ordenamiento urbanístico, con las que se daba vía libre a la construcción de viviendas en distintas zonas del municipio de Tolox.
Así, para el martes día 10 se han previsto tres juicios, cuatro para el miércoles y el mismo número para el jueves; mientras que el viernes hay fijadas otras tres vistas orales. Según la causa de la que se trate, se refiere a un número de viviendas diferente, aunque en total, entre estos 14 procedimientos y otros nueve que están en otro juzgado se autorizaron 2.279 casas.
Así, con uno de los permisos, que se verá en el primer juicio, se autorizaron 772 viviendas; mientras que otra de las causas se trata de la concesión de una licencia para la construcción de 126 viviendas en tres edificios plurifamiliares en una parcela del paraje Puerto Ejido por parte de una promotora en suelo considerado como no urbanizable.
En este caso, el fiscal considera en sus conclusiones iniciales, que el regidor y los otros dos acusados se pusieron de acuerdo para "proceder al crecimiento urbanístico del municipio sin respetar las normas vigente y aplicables al citado municipio, que en el momento de los hechos, dado que carecía de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), estaban constituidas por la LOUA".
Así, el Ayuntamiento inició un expediente de licencia de obra para que una empresa construyera 126 viviendas en suelo no urbanizable, de forma que el arquitecto municipal realizó un informe técnico favorable "a pesar de constarle que no se ajustaban a la legalidad urbanística", según se precisa en este escrito provisional del ministerio público, al que ha tenido acceso Europa Press.
Asimismo, el otro acusado fue contratado por el regidor para emitir informes jurídicos en determinados expedientes y para "evitar los informes de la secretaria, que en algunas ocasiones había formulado documentos contrarios a determinados permisos. Así, en este caso, ese letrado hizo uno informe favorable a la ejecución de las obras.
Finalmente, Vera concedió la licencia mediante decreto "a pesar de constarle que las obras no se ajustaban a la legalidad vigente en ese momento", señala el fiscal, quien acusa a éste por un delito contra la ordenación del territorio y pide que se le impongan dos años de cárcel y 10 de inhabilitación para empleo o cargo público. Para los otros dos solicita 18 de meses de prisión y misma inhabilitación.
