Izquierda Unida no descarta llevar a la Junta de Andalucía, donde gobierna en coalición con el PSOE, ante la Fiscalía si la administración no paga las prejubilaciones a los extrabajadores de la textil Hitemasa, la antigua Intelhorce.

La parlamentaria andaluza de IULV-CA por Málaga Dolores Quintana ha anunciado en rueda de prensa, junto al portavoz en el Ayuntamiento de la capital y coordinador local, Eduardo Zorrilla, que será tras la comparecencia del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, prevista para este jueves en el Parlamento andaluz y solicitada por la coalición, cuando decidan si pondrán en manos de la justicia la situación de estos extrabajadores.

Los 194 afectados dejarán de cobrar el próximo mes de febrero sus prejubilaciones si no les abona la cantidad adeudada. Así, han presentado ante la Consejería de Economía una reclamación por responsabilidad patrimonial por valor de 10.460.298,51 euros; un dinero del que más de cuatro millones "pertenecen a los empleados, que adelantaron esa cantidad", ha puntualizado Quintana en rueda de prensa.

 IU preguntará al consejero por qué la Junta "se queda con patrimonio" de Hitemasa, "un dinero que necesitan para renovar sus pólizas para cobrar su prejubilación hasta llegar a los 65 años"; por qué no se sabe dónde está el dinero que los trabajadores adelantaron a la Junta; y en tercer lugar, han incidido en que los exempleados "no pueden pagar los platos rotos de las cosas que se han hecho rematadamente mal en la Consejería de Empleo", en relación con las investigaciones sobre los ERE.

   Hitemasa fue la empresa que sustituyó a la antigua Intelhorce, fundada en 1957 y por la que pasaron más de 20.000 personas. Los antiguos trabajadores de Intelhorce invirtieron sus indemnizaciones para hacer viable Hitemasa, que en unos años pasó del optimismo por recuperar una cuota de mercado viable a años de declive hasta su definitivo cierre.

   Quintana ha recordado que se llegaron a vender todos los activos de la empresa, y los trabajadores llegaron a un acuerdo en el marco de un ERE e invirtieron sus indemnizaciones. La falta de devolución y las continuas reuniones que IU viene manteniendo con los trabajadores llevaron al grupo municipal a presentar una moción en pleno, el pasado mes de junio, que fue aprobada por unanimidad.

   "No es permisible que las personas que permitieron en su día que Málaga fuera una ciudad pujante en cuanto a su industria queden ahora mismo olvidadas, vulnerados sus derechos y los acuerdos alcanzados con ellos por parte de las administraciones", ha recalcado Zorrilla.

DOS COLECTIVOS DE TRABAJADORES

   El primer ERE, en 2001, afectó a 213 trabajadores y concluyó con un acuerdo entre la autoridad laboral y los propios afectados, donde ellos cobraban unas prestaciones a través de una aseguradora con el beneplácito de la Junta. Se firmó un convenio en el que la Junta aportaba poco más de 16 millones de euros para sufragar esta póliza que les permitía cobrar la prejubilación hasta llegar a la edad de jubilación. Éste es el denominado colectivo 1.

   En el año 2004, a pesar de todos los intentos de continuar la producción, llegó un nuevo Expediente de Regulación de Empleo, en este caso de carácter extintivo, siendo 194 los trabajadores inmersos en dicho proceso.

   De igual manera, según han recordado desde IU, se acordó con la propia Consejería de Empleo un convenio de prejubilaciones en el que los empleados cobrarían estas cantidades a través de una aseguradora hasta la edad de jubilación.

   Hasta este momento, la Junta "se compromete a poner en torno a unos seis millones de euros y el resto de la cantidad lo aportan los trabajadores de su propio patrimonio, ascendiendo el convenio a 12.427.175 euros, con un calendario de pago perfectamente recogido en la documentación oficial de la Junta de Andalucía", ha informado la parlamentaria, quien ha añadido que es ahí donde empieza "el calvario" de estas personas.

   El entonces director de Empleo, Javier Guerrero, inmerso en el caso de los ERE, citó a estos empleados explicándoles que "los inconvenientes de tesorería" de la Junta les impedían cubrir sus obligaciones con el colectivo 1. Así, se solicitó a los trabajadores de Hitemasa que tenían dinero guardado de sus activos, que lo pusieran para el colectivo 2 y sus prejubilaciones, de manera que, de esa cantidad, "anticipen 4,5 millones de euros en calidad de préstamo a la Junta de Andalucía para cerrar el convenio del colectivo de 2001 y que los trabajadores sigan cobrando sus prejubilaciones".

   "Los trabajadores del colectivo del ERE de 2004 acceden y transfieren a través de una orden bancaria 4.550.984 euros a una cuenta del Banco de España, ligada a un expediente de aquel momento", ha apuntado, añadiendo que es ese dinero el que la Junta no les ha devuelto "y que necesitan para seguir viviendo porque es parte de su patrimonio".

   Quintana ha criticado los "engaños" a estos empleados y ha explicado que, después de "numerosas" reuniones, la Junta "les dijo que presentaran una reclamación patrimonial, método usado cuando ha habido un anormal funcionamiento de la administración". La reclamación asciende a poco más de 10 millones de euros, contando los 4,5 millones de euros que los afectados prestaron la Junta y el resto que aún queda pendiente de aportar, y algo más de un millón en concepto de intereses.

   "La Junta no nos explica qué ha hecho con esos 4,5 millones de euros, porque parece que una parte sí la aportó al colectivo de 2001, pero lo demás no sabemos dónde está", ha asegurado, al tiempo que ha agregado que tienen "serias dudas". Por todo ello, el consejero "tiene que dar explicaciones, lo firmara quien lo firmara".

   A su juicio, Sánchez Maldonado "tiene que culminar con este asunto" y ha confiado en la "voluntad y seriedad de la Consejería de Economía de hoy, que tiene que arreglar los errores de la entonces Consejería de Empleo".