Los antiguos trabajadores de Intelhorce invirtieron sus indemnizaciones tras la quiebra de la empresa en hacer viable Hitemasa, que sustituyó a la textil malagueña. Pero la industria se vino abajo. Primero fue un ERE en 2001 y otro en 2004, ya con carácter extintivo. Empresa, trabajadores y Junta llegaron a un acuerdo para percibir a través de una aseguradora sus prestaciones hasta la jubilación, con los activos aportados por ellos mismos. Pero esa póliza se acaba en enero de 2015 por falta de fondos.
Ahora Izquierda Unida estudia llevar a la Junta de Andalucía ante la Fiscalía Anticorrupción para conocer dónde está el patrimonio, más de 4,5 millones de euros, que los 194 ex trabajadores afectados entregaron al Gobierno andaluz, cuyo director de empleo en aquel entonces era Javier Guerrero, ahora imputado en el caso de los ERE.
Este jueves el consejero de Economía, Sánchez Maldonado, tendrá que dar explicaciones en el Parlamento. La formación a nivel local ya aprobó en junio de este año una moción por unanimidad para apoyar las reivindicaciones de estos empleados.
