Las prisiones españolas se han convertido en almacenes de personas, según Comisiones Obreras. Una situación que se agrava en Málaga, donde 2.000 internos viven hacinados y con escasas oportunidades de reinserción en la sociedad, a cargo de apenas 520 trabadores penitenciarios, denuncia el sindicato, que sufren las consecuencias.
La agresión es la consecuencia más evidente. Han aumentado las agresiones físicas a los trabajadores de las cárceles de todo el país. Las últimas estadísticas son de 2013. Entonces, se registraron 350 frente a las 170 registradas cuatro años antes, advierte el responsable de Acción Sindical en Prisiones de Comisiones Obreras.
Chema López culpa a la política de prisiones marcada por el Gobierno central. Ha recordado que las cárceles de Málaga están entre las más descuidadas del ámbito nacional. La primera carencia es la de personal. La segunda, de equipamiento.
La prisión de Alhaurín de la Torre está preparada para alojar a 911 presos. Hay una media de entre 1.300 y 1.400, alerta López. Para ellos, trabaja una plantilla de 450 funcionarios. Para asegurar su buen funcionamiento, asegura, requiere de 520 empleados.
En el caso del Centro de Inserción Social, la situación es más grave. Hay 70 funcionarios. Una cifra que debería triplicarse para garantizar su operatividad.
Es una situación que, según augura Comisiones Obreras, podría empeorar. A este respecto, López se ha referido a la reforma del Código Penal que entra en vigor en julio. Un nuevo texto que incluye la denominada “prisión permanente revisable” y que según el portavoz de este sindicato es una cadena perpetua encubierta.
López le ha pedido al Gobierno que convoque nuevas plazas para funcionarios de prisiones y que, en Málaga, abra la prisión de Archidona.
