El Ayuntamiento de Málaga ha reducido en 63 millones de euros su endeudamiento en el último año y en 10 millones en el último trimestre, según los datos publicados por el Banco de España y relativos al mes de septiembre.
Así, con esa reducción, que en términos relativos es del 9,42 por ciento, la ciudad se mantiene como la segunda de las grandes capitales españolas --con población superior a 500.000 habitantes-- menos endeudada.
El importe de la deuda a fecha 30 de septiembre es de 606 millones de euros si se tienen en cuenta los datos relativos a vivienda. No obstante, asciende a 507 millones sin incluir la cantidad correspondiente a este aspecto.
Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, el importe de la deuda del Ayuntamiento de Málaga facilitado por el Banco de España incluye el dinero que el Consistorio pide prestado para la construcción de VPO con destino a venta y alquiler. Préstamos que en el primero de los casos son asumidos por los adjudicatarios de las viviendas a medida que finaliza la construcción.
Además, desde el Ayuntamiento de Málaga han subrayado en un comunicado que la competencia en materia de vivienda corresponde a la Junta de Andalucía.
La reducción interanual de la deuda acumula ya 11 trimestres consecutivos. El nivel de endeudamiento municipal se sitúa por debajo del 110 por ciento máximo fijado por el Gobierno central --en concreto, a 30 de septiembre era de 102,70 por ciento incluyendo vivienda y de 86,02 por ciento sin incluirla--, lo que, junto con el pago puntual a proveedores y la estabilidad presupuestaria, hacen que el Consistorio cumpla los principios fundamentales de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Por otro lado, de los datos del Banco de España también se desprende que Málaga y Valencia son los dos únicos ayuntamientos de las seis grandes capitales españolas que no tienen suscritos préstamos a corto plazo, lo que pone de relieve "cuenta con tesorería para hacer frente a sus pagos a corto plazo sin necesitar ayuda externa".
En este sentido, han puesto como ejemplo que el pago a proveedores se ha mantenido en todo momento por debajo del límite legal sin que haya sido necesario acogerse al Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores del Gobierno central.
