El Ayuntamiento de Marbella apeló este martes a la responsabilidad del jeque catarí Al Thani, presidente del Málaga CF, para que la empresa NAS Marbella, en la que participa, se retire "pacíficamente" del proyecto de ampliación del puerto La Bajadilla y permita que un nuevo inversor desarrolle esta iniciativa.

El portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna, ha manifestado en rueda de prensa que el jeque, quien también es el accionista mayoritario del club de fútbol malagueño, debe ser consciente de que "cualquier tipo de acuerdo es mucho mejor que un pleito con la administración, que posiblemente perdería".

Se ha referido así a la posibilidad de que el jeque recurra la decisión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) de iniciar el proceso para retirar el contrato de adjudicación de las obras de ampliación del puerto a NAS Marbella.

Ha incidido en que "no entendería nadie que cuatro años y medio después de la adjudicación del puerto sin hacer nada él ahora reclamase algún tipo de derecho".

Porcuna ha explicado que ha hablado con representantes de Al Thani, a los que ha pedido que éste se retire "pacíficamente" y permita que haya un nuevo inversor que "se ocupe de llevar adelante el proyecto".

De lo contrario habrá que llegar a la retirada de la concesión y elaborar un nuevo procedimiento que "perjudicará" a la ciudad porque se alargará en el tiempo hasta que se tome una decisión en los tribunales, ha explicado.

"El jeque tiene que ser responsable y entender que lo que él haga ahora con respecto al puerto va a afectar a su imagen pública local, nacional e internacional", ha subrayado Porcuna, que también es concejal de Proyectos Estratégicos.

El Ayuntamiento de Marbella pretende continuar trabajando con los inversores que han mostrado interés en el proyecto "con hechos ciertos", como la aportación de documentación o haber depositado dinero en entidades bancarias nacionales.

Actualmente hay dos grupos interesados en la ampliación del puerto: Damac, con sede en Londres y Dubái, y otro español, que están elaborando la documentación para acreditar su capacidad económica y técnica.

El equipo de gobierno sostiene que sería "penoso" que hubiera que retrasar el proyecto hasta una nueva concesión, que se prolongaría en el tiempo posiblemente más de un año, "sin tener en cuenta que el jeque pudiese recurrir", para lo que tiene de plazo un mes ante la APPA y dos meses ante la autoridad judicial, ha detallado.