Una organización criminal dedicada a la comisión de estafas masivas y millonarias mediante la reventa de paquetes vacacionales de tiempo compartido en la provincia de Málaga ha sido desarticulada por la Policía Nacional, en una actuación en la que han sido detenidas 36 personas.

Entre los detenidos por su supuesta implicación en los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal figura el cabecilla de la trama, de nacionalidad británica, que ya ha ingresado prisión por orden judicial, tres familiares de éste y dos abogados.

En la operación, que ha sido dada hoy a conocer por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones y el comisario provincial, Francisco López Canedo, se han intervenido 126.000 euros en efectivo, diez relojes de alta gama, siete vehículos y numerosas piedras preciosas y se han llevado a cabo varios registros, entre ellos el de la sede de la empresa, ubicada en Vélez-Málaga.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un letrado en representación de 33 ciudadanos del Reino Unido en la que explicaba cómo una empresa con sede en la provincia malagueña había contactado con ellos para ofrecerles la posibilidad de adquirir un paquete vacacional de tiempo compartido.

Para ello tuvieron que pagar previamente unos gastos de gestión, pero nunca pudieron disfrutar de los derechos de las propiedades.

Los agentes localizaron tres empresas desde las que se habían realizado las operaciones fraudulentas y hallaron un entramado compuesto principalmente por seis personas: el principal investigado, su mujer, su hijo y su nuera y dos abogados -que serían los encargados del blanqueo de capitales-, así como una treintena de colaboradores para llevar a cabo los fraudes.

Los investigados se ponían en contacto con las víctimas potenciales -todas ellas propietarias de tiempo compartido y nacionalidad inglesa- y les ofrecían, por un lado, la posibilidad de adquirir un paquete vacacional y, por otro, la de vender su derecho de multipropiedad a posibles compradores.

Para comenzar los trámites exigían a las víctimas, en concepto de fianza, una cantidad de dinero determinada, pero los propietarios no veían cumplidas sus expectativas de venta o compra y se daban cuenta de que estaban ante una estafa.

Además, los detenidos se brindaban como una empresa que, con documentación falsificada tanto de notarios como de abogados españoles, se ofrecía para emprender acciones legales en contra de las compañías timadoras, con lo que pretendían estafar de esta manera nuevamente a las víctimas.

El subdelegado del Gobierno ha señalado en rueda de prensa que el número de perjudicados es elevado y no está cerrado, y ha subrayado la importancia de esta actuación policial para la comunidad británica y todos los turistas en general, ya que este tipo de delitos "trunca sus expectativas".