El asunto ha sido tramitado por la Asesoría Jurídica del Sindicato ANPE Málaga y los hechos se remontan a febrero de 2015, cuando a la salida del colegio la madre de un alumno comenzó a increpar a una maestra, a la que agarró del brazo y zarandeó en los pasillos de dicho colegio.
Afortunadamente los hechos no revistieron mayor importancia, no obstante "los docentes no debemos bajo ningún concepto tolerar este tipo de comportamientos ni agresión alguna afirman desde el sindicato en un comunicado.
La Sentencia ha sido ejemplar y condena a la madre con obligación de ingresar en prisión si vuelve a delinquir en el plazo de dos años
ANPE Andalucía ya ha conseguido diversas sentencias en este sentido y desde esta Organización lamentamos que haya que recurrir a los tribunales para poder defender la integridad física y moral de los docentes.
Una de las pocas aportaciones realmente positivas de la recién estrenada LOMCE al sistema educativo español es el reconocimiento, largamente demandado por ANPE, de la autoridad del profesorado. En su artículo 124.3, la nueva ley educativa establece que los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. Esto supone que en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad.
La principal implicación jurídica del reconocimiento de la autoridad pública del profesorado es su delimitación como colectivo de funcionarios que han de ser protegidos en atención al cargo o función que desempeñan y que ostentan mando y ejercen jurisdicción propia. De hecho, desde fines de 2008, la Fiscalía General del Estado ha instado a todas las Fiscalías de España a que consideren que los profesores de los centros públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales y que cualquier agresión grave contra ellos pueda ser calificada como delito de atentado a la autoridad, tipificado en el Código Penal.
ANPE lamenta el hecho de que la Junta de Andalucía ha contemplado de modo disperso en su normativa educativa buena parte de las medidas contenidas en las distintas leyes de autoridad de otras autonomías. Sin embargo, siempre se ha negado a reunir todas estas medidas en una ley, así como a reconocer la autoridad pública del profesorado, auténtico problema de fondo, ya que la única autoridad que las normas andaluzas reconocen expresamente al colectivo de profesores es la “magistral y académica”.
Asimismo, ANPE exige que la administración andaluza el obligado cumplimiento de este articulado contemplado en la LOMCE y reconozca la autoridad pública del profesorado, por más que las autoridades educativas andaluzas o nuestra propia organización sindical podamos discrepar del conjunto de la ley. "Un reconocimiento que exigimos se plasme en una ley de autoridad similar a la de otras comunidades autónomas que reúna además en un único cuerpo toda la normativa andaluza existente en materia de derechos y protección jurídica del profesorado, actualmente dispersa", finaliza el mismo comunicado.
