El grupo municipal de Adelante Málaga llevará a la Comisión de Derechos Sociales una moción pidiendo al Ayuntamiento de la capital que suspenda el contrato con la concesionaria y subrogue a las cinco trabajadoras que prestan el servicio de limpieza en el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), las cuales no cobran desde noviembre.

El portavoz de la formación, Eduardo Zorrilla, ha recordado al PP y Ciudadanos que esta situación "es el resultado de las políticas que desarrollan de privatización de servicios".

Zorrilla, la viceportavoz del grupo, Paqui Macías, y las trabajadoras afectadas han ofrecido este miércoles una rueda de prensa para explicar la situación y la de compañeras en otras empresas privadas y administraciones públicas malagueñas, como la propia Inspección de Trabajo o Hacienda.

Para el portavoz de la confluencia entre Izquierda Unida y Podemos, es una situación "completamente injusta y descarnada", exigiendo "soluciones inmediatas para estas mujeres", al tiempo que ha recordado que "no sólo se ha privatizado el servicio, sino que, además, lo hacen a través de unos pliegos de condiciones en los que se prima la oferta más baja, que en la mayoría de los casos suele venir de manos de la empresa más pirata, de la que menos cumple".

Pilar Cortés, miembro de la ejecutiva provincial de Construcción y Servicios de CCOO, ha hablado en nombre de éstas mujeres y otras trabajadoras y ha recordado que la empresa "tiene conflicto en toda Andalucía", reclamando a las administraciones "que apliquen la nueva normativa y se hagan subsidiarias directas del impago de estas personas".

Ha puesto el caso de la Finca La Mayora, donde la Administración "ha sancionado a la empresa, pero el dinero recaudado no ha repercutido en las trabajadoras, que siguen sin cobrar sus nóminas", afirmando que "la empresa sólo paga en aquellos lugares donde le interesa seguir prestando servicio y que a ellos destina todo el dinero que recibe de los contratos".

La viceportavoz Paqui Macías se ha lamentado de que su grupo vuelva "a tener que denunciar una situación de esta clase en centros municipales" y ha mostrado sus dudas sobre que la empresa esté pagando las aportaciones que corresponde a la Seguridad Social de las trabajadoras.

"PP y Ciudadanos no pueden permitir estas prácticas sean constantes en la ciudad. El Ayuntamiento tiene que proteger a las trabajadoras que dan un servicio público y que también repercute en los usuarios", ha añadido la edil, que recuerda que se ha demostrado que "la municipalización de los servicios es más rentable".