La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Málaga ha criticado que la plantilla de funcionarios de la administración de justicia en la provincia, que suponen unas 1.800 personas, "está sufriendo carencias en cuanto a la prevención de riesgos laborales relacionados con el COVID-19". En concreto, esta organización sindical ha explicado que se incorporaron a sus puestos de trabajo el pasado 9 de junio "sin la protección correspondiente" para evitar poner en riesgo la salud de los mismos y de las personas usuarias de este servicio público.

Las actuaciones para la protección contra el COVID-19 en los Juzgados y Tribunales malagueños "no es tal y como lo está anunciando la Junta de Andalucía", aseguran desde el sindicato, cuyo  miembro de la Ejecutiva de la Sección Sindical de Justicia, José María Vico, ha criticado que "aún no se han realizado test a la plantilla de funcionarios que el pasado 9 de junio se incorporan a sus puestos de trabajo". También ha recordado que es la única administración, junto con sanidad, donde la totalidad de las personas trabajadoras ha vuelto a una actividad presencial, pero en el caso de justicia sin evaluaciones ni planes de prevención eficaces.

En este sentido, Vico ha explicado que las medidas de seguridad, tales como instalación de mamparas, señalizaciones adecuadas, citas previas, limpieza exhaustiva y continua de las sedes judiciales, dotación de guantes, geles, mascarillas, etc., se están realizando "de forma muy deficiente y con continuas faltas de dotación de material. Sin la intervención, en la mayoría de los casos, de los representantes sindicales de prevención". También ha criticado "la apertura del registro de escritos en la Ciudad de la Justicia de Málaga para la atención directa, sin que se haya habilitado un servicio de cita previa como es preceptivo".

A su vez, el representante sindical ha afirmado que "la falta de evaluación previa por las Unidades de Prevención de riesgos laborales", tal y como establece la normativa de salud laboral, "no está garantizando la separación necesaria entre puestos de trabajo y entre el público, profesionales y personal funcionario".

Aseguran que "la única excepción a esta falta de medios, positiva, pero que supone un agravio comparativo hacia el conjunto de la plantilla de justicia, se encuentra en la entrega de cientos de Equipos de Protección Individual (EPIS) para todos los letrados y letradas de la Administración de Justicia", dependientes del Ministerio de Justicia, pero a los que la Consejería, amparándose en su condición de administración prestacional, ha dotado de manera rápida y efectiva.

Ante ello, el representante sindical ha exigido a la Junta de Andalucía el mismo trato para todo el funcionariado de justicia andaluz, unas 8.000 personas, de ellas, alrededor de 1.800 en la provincia de Málaga, sin establecer jerarquías en materia de salud.

CCOO continuará, a través de sus delegados y delegadas, vigilando las actuaciones en materia de salud laboral y luchando contra el coronavirus en los juzgados de Málaga.