El Consejo Político de Izquierda Unida en Marbella ha decidido movilizar a la población con el fin de conseguir que todas las sanciones y dinero que se obtenga a consecuencia del caso Malaya revierta en Marbella.
Para ello ha anunciado la convocatoria de una concentración ciudadana el próximo jueves 17 de octubre en el Parque de la Alameda, a partir de las siete de la tarde. "Los ciudadanos debemos ejercer nuestros derechos mediante la movilización en un lugar simbólico para mostrar nuestra ofensa y que se restituya el daño sufrido por nuestro municipio en los últimos quince años de corrupción", ha manifestado el dipotado de IU, Miguel Díaz, que ha añadido que "todavía no ha habido Justicia". Precisamente por ello considera que es necesario que "se pongan los mecanismos necesarios para que se recurra la sentencia" con el fin de que "haya Justicia". Y es que, según ha manifestado, la sentencia "no ha sido ejemplarizante sino hilarante, una mofa".
En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de IU en Marbella, Enrique Moterroso, al afirmar rotundamente que "la sentencia no es justa porque ha alegrado a los acusados y ha hecho llorar a todos los demás".
Para Izquierda Unida la alegría demostrada públicamente por la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ante los medios tras conocerse la decisión judicial contrasta frontalmente con la reacción de su formación y han anunciado que se tomarán medidas."Haremos todo lo posible para que el Gobierno de la Nación lleve a cabo las modificaciones legislativas oportunas para garantizar que la cuantía alzada de las sanciones sirvan para resarcimiento de Marbella". Al referirse al término de "cuantía alzada" Monterroso ha indicado que se pretende que las penas de más de 500 millones de euros vengan a parar a la localidad. "Será el Estado quien asuma la obligatoriedad de que las multas, independientemente de la cuantía, reviertan en Marbella".
IU apuesta por recurrir la sentencia y sus integrantes han mostrado su preocupación porque temen que los posibles recursos que se presenten por parte de los acusados podrían provocar que se aminoren aún más las penas y sanciones.
