El exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex asesor urbanístico y cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, han sido condenados a ocho años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación continuada en la operación urbanística en la finca "El Pinillo".
En la sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Málaga y a la que ha tenido acceso Efe, se absuelve a Muñoz y Roca del resto de delitos por los que estaban acusados: cohecho, fraude, estafa, alteración de subasta y negociación prohibida a funcionario.
El juicio comenzó el pasado marzo contra 21 personas, aunque se quedó en 16 acusados porque a cinco se les retiraron los cargos y tras cuatro meses quedó visto para sentencia.
Ahora la Audiencia absuelve al resto de los acusados excepto a siete exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) que se declararon desde el comienzo del juicio culpables y se conformaron con ocho años de inhabilitación para cargo público por prevaricación.
El caso juzgado se refería a una operación urbanística desarrollada en la finca "El Pinillo" de Marbella, con la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal supuestamente en beneficio de los acusados.
En la sentencia, que consta de 196 folios, el Tribunal también condena a Muñoz y Roca a indemnizar a los herederos de los dueños de la parcela con 260.205 euros, cantidad de la que se declara la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Marbella.
En los hechos probados se señala que Gil "ideó" un reparto de papeles en el que él gobernaba el municipio desde su empresa y Muñoz, en su condición de primer teniente de alcalde, actuaba de manera habitual (durante los años 1999 a mayo de 2002) como alcalde accidental.
Respecto a la finca "El Pinillo", el tribunal explica que aunque estaba clasificada como rústica, su situación era "inmejorable" y muy próxima al Centro Financiero Inmobiliario, entidad de Jesús Gil, desde la que gestionaba los asuntos municipales.
Y fue por ello, según la sentencia, cuando Gil se dirigió al dueño, que era amigo o conocido, para indicarle su interés en que el Ayuntamiento se quería hacer con la finca por la vía de la expropiación.
El 1 de octubre de 1991 suscribieron un "acuerdo de adquisición", para destinarla al patrimonio municipal del suelo, con la intención de realizar sobre ella un proyecto urbanístico específico.
Durante el juicio Roca aseguró que fue el fallecido alcalde, Jesús Gil, quien ideó la operación para ayudar a un amigo, porque el banco le iba a quitar la finca por una deuda pero que "nunca" hubo intención de expropiar.
Para el tribunal queda claro el papel de Roca ya que aunque el plan de Gil era claro, negociar con la finca y ganar dinero con ello, "quien realmente lo lleva a efecto y dispone lo preciso para ejecutarlo, no es otro que Roca".
Los magistrados subrayan la ilegalidad de los decretos de Muñoz "es evidente, patente, flagrante y clamorosa" y argumentan que lo hizo a "a sabiendas, es decir, con dolo directo pues se acordó la adjudicación directa de la finca" y que ello fue una decisión prevaricadora.
En descargo de su actuación, Muñoz alegó durante el juicio su ignorancia en los asuntos jurídicos, y que siempre firmaba lo que le ponían delante, y que nunca pensó en desobedecer las indicaciones u órdenes que venían de Jesús Gil, porque en dicho caso sus días en el ayuntamiento estarían contados.
Para la sala su alegación, aun cuando fuera cierta, "no puede servir de exoneración de la responsabilidad" ya que "quien se pone en situación de ignorancia deliberada, o mejor de consciente desconocimiento, sin querer saber aquello que puede y debe saber, está asumiendo y aceptando todas las consecuencias del ilícito actuar en que voluntariamente participa".
