"Confirmo que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos ha hecho la oportuna gestión ante Venezuela para que dé una explicación ante estas informaciones que parten de la Audiencia Nacional", aseguró Zapatero al ser preguntado por los periodistas en la rueda de prensa posterior a su encuentro con la canciller alemana Angela Merkel.
En ese sentido, aseguró respetar la decisión judicial, pero declinó hacer más valoraciones asegurando estar "a la espera de esa explicación" del Gobierno de Chávez.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco denuncia la "cooperación gubernamental" del Gobierno de Venezuela "en la ilícita colaboración" entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un auto en el que procesa a seis presuntos etarras y siete miembros del grupo colombiano por compartir información sobre el manejo de explosivos e intentar cometer varios asesinatos, entre ellos el del presidente del país sudamericano, Álvaro Uribe, y su antecesor Andrés Pastrana.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco denuncia la "cooperación gubernamental" del Gobierno de Venezuela "en la ilícita colaboración" entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un auto en el que procesa a seis presuntos etarras y siete miembros del grupo colombiano por compartir información sobre el manejo de explosivos e intentar cometer varios asesinatos, entre ellos el del presidente del país sudamericano, Álvaro Uribe, y su antecesor Andrés Pastrana.
En un auto hecho público este lunes, Velasco dicta orden de busca y captura para doce de los procesados --todos menos la integrante de la Comisión Internacional de las FARC Remedios García Albert, que vive en España-- y solicita su extradición a los Gobiernos de Venezuela y Cuba, países en los que residen en la actualidad.
Entre ellos se encuentra el etarra Arturo Cubillas Fontán, que en octubre de 2005 fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras por el Ejecutivo de Hugo Chávez, mientras era responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999 y se encargaba de coordinar las relaciones con las FARC. El auto recuerda que en 1990 se casó con la venezolana Goizeder Odriozola Lataillade, que ocupa desde enero de 2007 el cargo de directora de Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular para el Deporte.
El juez también detalla que en marzo y septiembre de 2000 dos miembros de las FARC --Edgar Gustavo Navarro Morales, 'El Mocho', y Víctor Ramón Vargas Salazar, 'Chato'-- se trasladaron a España y pidieron "colaboración" a miembros de ETA para localizar a Pastrana, y "más recientemente" trataron de hacer seguimientos al actual presidente colombiano, Álvaro Uribe.
Los etarras procesados son Arturo Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldúa Corta, José José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. El juez imputa a todos el delito de colaboración con organización terrorista; a los cuatro primeros, además, el de tenencia de explosivos; y a Cubillas Fontán también el de conspiración para cometer homicidios terroristas.
Este último delito es atribuido también a los supuestos miembros de las FARC Omar Arturo Zabala Padilla y Víctor Ramón Vargas Salazar. El juez también imputa a Gustavo Navarro Morales, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert y Luciano Martín Arango por colaboración con banda armada.
Cursos con escoltas en Venezuela
La investigación, que parte de los 25 correos electrónicos incautados en marzo de 2008 al dirigente de las FARC Luis Edgar Devia, 'Raúl Reyes', concluye que los contactos entre los dos grupos terroristas contemplaban la realización de cursos de adiestramiento a miembros de ETA en la selva colombiana y venezolana a cambio de "la localización en España de objetivos de acción terrorista por parte de las FARC" y formación en "las técnicas más modernas de guerrilla urbana".
En agosto de 2007, el etarra identificado con el alias de 'Martín Capa', cuya identidad se desconoce, e Ignacio Domínguez Achalandabaso impartieron en una finca de la selva venezolana cercana a Guadalito, en el estado de Apure, un curso teórico-práctico de unos 20 días a 13 miembros de las FARC sobre el manejo del explosivo C-4, de fácil adquisición en Venezuela, y la utilización de teléfonos móviles como mecanismo iniciador de las cargas explosivas.
Los asistentes a este curso, que fue organizado por Arturo Cubillas Fontán y Remedios García Albert, fueron acompañados por una persona que vestía un chaleco con el escudo de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela y escoltados por un vehículo militar, según detalla la resolución judicial.
Como prueba de los contactos entre ambas partes, en la causa obran documentos en los que se detalla que dos etarras afincados en Cuba construyeron un lanzagranadas que querían probar en Venezuela. Así, los terroristas utilizaban el nombre de 'Andrés' para identificar a Venezuela; 'José' como alias de Cuba y 'Maria Antonia' para identificar al etarra José Ignacio Echarte Urbieta.
Entrenamiento de terroristas
Además, otros cuatro miembros de ETA, dos de los cuales se apodaban 'Schumacher' y 'Carlos', acudieron a campamentos de las FARC en Venezuela entre 2003 y 2007 para dar cursos sobre artefactos iniciados por movimiento y mediante la utilización de teléfonos móviles. A su salida, fueron sustituidos por otros dos etarras no identificados.
En 2003, miembros de las FARC impartieron adiestramiento militar a cuatro etarras en el área de Zulia y recibieron a cambio información sobre la fabricación y utilización de las granadas de ETA 'Jotake-Handia', denominadas 'cilindro bomba' por las autoridades colombianas. Tras esta colaboración, que se denominó 'asunto Gabardina', ETA utilizó este tipo de granadas por primera vez el 18 de octubre de ese año en el atentado contra el cuartel del Ejército de Aizoain (Navarra).
En diciembre de ese mismo año otros cuatro militantes etarras asistieron a un curso sobre el manejo de misiles tierra-aire, que ETA comenzó a utilizar poco después, como demostraría la incautación de este tipo de proyectiles a Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; y Soledad Iparraguirre, 'Anboto'. En enero pasado, el etarra Pedro María Olano confesó la intención de la banda terrorista de utilizar misiles para atentar contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar.
Por otra parte, en 2002 se intervino en una actuación contra las FARC material muy similar al utilizado por ETA, entre ellos dos coches-bomba, un lanzador de 'cilindros-bomba' y granadas de mortero.
Las FARC en España
Los intentos de las FARC de atentar en España se remontan a 2000, cuando 'Mocho' y 'Chato' se desplazaron a España en dos ocasiones para "controlar los itinerarios" que realizaba el ex presidente colombiano Andrés Pastrana y la entonces embajadora, Noemí Sanín Posada, ya que consideraban que "no sería difícil atentar contra estos dos objetivos siempre que se contase con la ayuda de ETA".
Además de Pastrana y Sanín, las FARC pidieron ayuda a ETA para localizar al ex candidato presidencial y dos veces alcalde de Bogotá Antanas Mockus, al vicepresidente colombiano Francisco Santos y a otros cargos políticos y militares colombianos con el fin de "atentar contra la vida de alguno de ellos durante su estancia en España u otro país de la Unión Europea".
A esta lista se añadieron el ya fallecido Bernardo Gutiérrez Zuloaga, ex senador y ex terrorista del Ejército Popular de Liberación (ELP) que se tuvo que refugiar por las amenazas de las FARC; el empresario Carlos Ardilla Lülle; el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe; y personas que se movían en torno a la Embajada de Colombia en España.
Colaboracionista
El Gobierno venezolano de Hugo Chávez ofreció en diciembre de 2006 la nacionalidad a cuatro miembros de ETA que reclamaba España para juzgarlos por diversos delitos de terrorismo, entre ellos, el tercer detenido este domingo en Francia, José Lorenzo Ayestarán Legorburu junto al máximo responsable de ETA. La ofensiva llevada a cabo entonces por el Gobierno español hizo que el Ejecutivo bolivariano rectificase su postura.
En concreto Venezuela pretendió conceder la nacionalidad a Ayestarán para evitar que respondiese ante la Justicia española así como a Eugenio Barrutiabengoa, Jesús Ricardo Urtega y Miguel Ángel Aldana. Además el Gobierno de Chávez también propuso dictar una compensación económica para Sebastián Etxaniz Alkorta y Juan Víctor Galarza Mendiola. Los seis sumaban más de cuarenta asesinatos dentro de la actividad de la organización terrorista ETA.
Ayestarán fue detenido ayer en la región normanda de Cahan (Francia) junto al máximo responsable de ETA, Ibon Gogeaskoetxea y Beñat Aguinagalde, según informaron fuentes de la lucha antiterrorista.
José Lorenzo Ayestarán Legorburu, alias 'Basari' y 'Fanecas', nacido en Lezo (Guipúzcoa) hace 52 años, es uno de los últimos integrantes de una generación de terroristas que se beneficiaron de la Ley de Amnistía del 77 y que se marcharon a países de Sudamérica tras años de intensa actividad criminal en España.
Se trata por tanto de uno de los veteranos terroristas, que como José Luis Eciolaza Galán, alias 'Dienteputo' en los últimos años habría vuelto a integrarse en las filas de ETA y a ocupar cargos de confianza para reforzar una banda acosada por los éxitos policiales.
En concreto, Ayestarán Legorburu vivió durante años en Cumaná un región del Estado de Sucre (Venezuela)y en varias ocasiones se había solicitado su extradición sin que ésta llegara a producirse.
Se benefició de la Ley de Amnistía, para a continuación integrarse en el "comando Axulari". Consiguió huir de la policía española al ser descubierto en febrero de 1979, después formó parte del "comando Araba", cometiendo numerosos atentados como miembro de ambos comandos.
La Audiencia Nacional tiene dictadas varias órdenes de búsqueda y captura contra él en, al menos, diez sumarios. Sus primeros crímenes se enmarcan en el año 1980, donde se le atribuye el asesinato del jefe de los Miñones de Álava, Jesús María Velasco, el 10 de enero; el asesinato del comandante del Ejército Eugenio Lázaro Valle, jefe de la Policía Municipal de Vitoria, el 13 de marzo y el asesinato de los guardias civiles José Vázquez Plata, Avelino Palma Brioa y Ángel Prado Mella en Salvatierra (Álava), el 4 de octubre.
Este terrorista continuó esa intensa actividad criminal en los años posteriores. Así, el 16 de julio de 1982 está acusado de asesinar al delegado de Tabacalera en Vizcaya, Alberto López Jaureguizar y el 22 de septiembre al brigada de Marina Emilio Fernández Arias en Erandio (Vizcaya).
Ya en 1983 se le atribuyen los asesinatos de Domingo Javier García González, propietario del bar 'Nicolás' de Algorta (Vizcaya); del agente de Policía Nacional Francisco García San Miguel en Sopelana (Vizcaya), el 13 de julio y el asesinato del ex legionario Ángel Martínez Trelles en Bilbao, el 9 de noviembre de 1983.
