La crisis energética por la guerra de Rusia en Ucrania ha propiciado que la Unión Europea haya tenido que improvisar soluciones de urgencia y una de ellas, aún no resuelta, es la revolución de emergencia que supondría establecer un precio máximo al que se pueden pagar las importaciones de gas.
La idea emergió en un cónclave informal que celebraron los líderes de los países y las instituciones comunitarias en marzo en Versalles (Francia), apenas dos semanas después de que Rusia hubiera lanzado una invasión sobre Ucrania que pilló por sorpresa a los Veintisiete.
El gas estaba entonces veinte veces más caro que un año antes y, entre otras soluciones de emergencia, flotó la posibilidad limitar el precio al que se pagaría el gas en la UE.
La Comisión Europea también señalaba por aquel entonces que estudiaría "límites temporales de precios" y Mario Draghi, entonces primer ministro de Italia y antes presidente del Banco Central Europeo, defendió con firmeza la idea.
Lo hizo en Roma, en una reunión con los primeros ministros de España, Grecia y Portugal, países que han caminado muy unidos desde entonces en el debate energético europeo.
Mientras la salida de la pandemia se solapaba con el mayor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, aparecía en la mesa una idea radical que invitaba a la UE, que avanzaba ya de susto en susto, a adentrarse en un nuevo territorio inexplorado.
El concepto de imponer un precio máximo al que se acepta comprar gas en la UE, un hidrocarburo esencial para la industria y los hogares que los Veintisiete importan al 83 % (2021), fue cogiendo vuelo y cambiando de forma.
Se barajó aplicar un tope sólo al gas ruso, limitarlo al que llega por tubería o incluir también el gas natural licuado (GNL) que llega en barcos metaneros.
Se exploraba también si vincular el precio máximo al precio del petróleo o si utilizar como referencia otros indicadores de gas en Asia o EEUU y en ocasiones se asimilaba también a sistemas parecidos al "mecanismo ibérico", que limita el impacto del gas en la formación de precios de la electricidad en España y Portugal.
Pero... ¿qué pasaría si los productores se negasen a vender? Esas dudas derivaron en la formación de dos bloques de Estados miembros, que se han mantenido en polos opuestos hasta ahora.
Una quincena de países como Italia, España, Francia, Polonia, Bélgica, Eslovenia, Portugal o Grecia, reclamaban el tope, mientras que Alemania y Países Bajos lideraban el otro grupo donde también se sitúan Hungría, países bálticos y nórdicos.
Se fue centrando el debate y aparecieron conceptos como "corredor dinámico" o "cesta de precios" y eufemismos que marcaban líneas rojas de algunas capitales, como seguridad de suministro o estabilidad financiera.
El récord de precios de agosto, cuando los socios europeos competían entre sí por atraer metaneros y llenar las reservas de gas para el invierno, aceleró el debate nada más acabar el verano.
Aunque las situaciones de cada país son muy diferentes, las realidades de dos de los países más alejados en el debate, Alemania y España, ilustran por qué la negociación es tan compleja.
Alemania, motor económico de la UE, importaba el 60 % de su gas de Rusia en 2021 y la guerra en Ucrania ha cambiado radicalmente ese dibujo porque Moscú ha ido reduciendo sus exportaciones gradualmente hasta casi cerrar el grifo.
Berlín pretende reducir un 20 % su consumo de gas y, aún así, teme no tener suficiente para mantener su industria funcionando, calentar los hogares o generar electricidad en un 2023 que se anuncia incluso más estrecho en ese hidrocarburo que el 2022.
Pero Alemania tiene dinero: no quiere arriesgar y prefiere garantizarse el suministro, aunque sea a un precio muy alto, y subvencionar después a sus consumidores.
España, en cambio, además de gasoductos con Argelia, es el país con más terminales de GNL de la UE y no contempla problemas de suministro. Pero no tiene tanto músculo como Alemania económico para ayudar a sus ciudadanos y empresas que no puedan afrontar la carestía de la energía.
Aunque la brecha sigue siendo grande, en las conclusiones del Consejo Europeo celebrado este jueves en Bruselas, los líderes urgieron a sus ministros a que encuentren una solución este lunes en un consejo de Energía ordinario que se celebrará en la capital comunitaria.
Los ministros acordaron el pasado martes cómo desactivar el llamado "mecanismo de corrección de mercado" y gran parte de su ámbito de aplicación, pero dejaron pendiente dos puntos cruciales: cómo activarlo y qué precio máximo establecer.
El último borrador, a partir de una propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado noviembre, plantea topar en unos 200 euros por megavatio/hora (MWh) las compras vinculadas al índice TTF de Ámsterdam, que el pasado agosto rozó los 350 euros.
Según esa propuesta, para activar el tope el precio del hidrocarburo en los contratos mayoristas vinculados al TTF tendría que ser además 35 euros superior al precio medio en el mercado de gas natural licuado.
