Al senador Bárcenas y al diputado Jesús Merino el levantamiento del secreto del sumario les ha obligado a pedir la baja temporal en el partido, pese a que tanto el PP como sus defensas mantienen que “no existe aspecto novedoso alguno” en un caso que, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, destapó ella misma.
La telaraña tejida por Correa para conseguir el favor de los políticos del PP se extiende por cuatro comunidades –Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León– y por varios ayuntamientos madrileños, cuyos alcaldes presuntamente se dejaron corromper por la trama y arroja sospechas sobre posibles irregularidades en la financiación del partido.
Los principales indicios contra Bárcenas aparecen en los dos elementos claves de la investigación: el “pen drive” y la “carpeta azul” intervenidos al contable de la trama, José Luis Izquierdo, en uno de los pisos que la red tenía en Madrid y que escondía la contabilidad “opaca” de la organización.
Los informes policiales identifican al ex tesorero del PP y senador por Cantabria con las anotaciones LB, L.Barc o “Luis el Cabrón” que aparecen en esa “caja B” y concluyen que recibió hasta 1,3 millones de euros.
La Policía también llegó a la conclusión de que las siglas GG corresponden al ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote, al que se atribuye el cobro de 623.000 euros.
Galeote y Bárcenas aparecen asimismo en un informe de la Agencia Tributaria, que les señala como posibles “intermediarios principales” de la organización de Correa durante los años 2002 y 2003.
Ese informe apunta indicios de la participación de ambos en las estructuras con las que la red ocultaba fondos en paraísos fiscales y dice que Bárcenas “podría haber utilizado” la empresa Rustfield Trading Limited y que Galeote “se benefició” de la estructura de Awberry License.
El tercer aforado nacional implicado en la trama es el diputado por Segovia Jesús Merino, quien como Bárcenas es investigado por el Tribunal Supremo, en su caso por la percepción –en las mismas fechas que el senador– de 254.000 euros.
La Policía señala las “elevadas rentas” de Merino y su mujer, asegura que el matrimonio llegó a cobrar entre 2002 y 2008 más de 8,4 millones de euros por sus servicios profesionales a diversas empresas y destaca que contrataron a otras “sin aparente actividad real” y compraron participaciones de algunas sin seguir “un criterio inversor lógico”.
¿FINANCIACIÓN IRREGULAR EN VALENCIA?
En Valencia, el hombre de Correa era Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, responsable de la empresa organizadora de la mayoría de los actos del PP valenciano, Orange Market, que según la Policía facturaba “en negro” a la formación una parte del coste de cada evento.
Para saldar con la trama esa “deuda B”, el PP de Valencia –a través de su ex secretario general, Ricardo Costa, que actuaba como “canalizador” de los fondos– empleaba dinero aportado por empresas a las que se adjudicaban contratos “como contraprestación a los favores realizados para la formación política”, entre las que se cita a Facsa, Enrique Ortiz e Hijos, PIAF, Sedesa y Lubasa.
Álvaro Pérez mantenía “engrasado” el sistema con costosos regalos –relojes, pulseras, bolsos...– que tenían como destinatarios a políticos del PP responsables de los organismos públicos que le adjudicaban contratos.
En la nómina de beneficiarios de esos presentes figuran, además de Ricardo Costa, la ex consejera de Turismo Milagrosa Martínez; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; o el vicepresidente primero de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla.
GALICIA: EL FEUDO DE CRESPO
El considerado “número dos” de Correa, Pablo Crespo, ensayó en esta Comunidad el sistema de “doble facturación” que se aplicaría luego en Valencia.
El PP de Galicia pagó “en B” más de la mitad de los actos celebrados entre 1996 y 1999, período en el que Crespo ocupaba la secretaría de organización, cargo que compatibilizaba con la condición de administrador único de varias empresas que fueron contratadas por ayuntamientos del partido.
La Policía cifra en 3,2 los millones de euros que fueron facturados al PP de Galicia en dinero “negro”, de acuerdo con la documentación encontrada en la caja de seguridad que Crespo tenía en una entidad bancaria de Pontevedra.
MADRID: CIENTOS DE CONTRATOS
La Agencia Tributaria ha analizado 367 operaciones que el Ejecutivo de Aguirre realizó con las empresas de Correa y concluye que todas, menos tres, se tramitaron como contratos menores, lo que permitía que se adjudicaran directamente.
En la Comunidad de Madrid, el principal “contacto” de la red era el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, quien, según reconoce el propio Correa, les obligaba a facturar por debajo de los 12.000 euros para que la contratación se pudiera conceder sin concurso público.
Así sucedió con la celebración del ascenso del Getafe a Primera División, un homenaje a voluntarios del 11-M en 2004, el Premio Internacional de las Artes en 2005, la Cumbre Flamenca en 2006 y el stand de la Feria Integra Madrid en 2008, encargados a empresas vinculadas a la trama.
A cambio, López Viejo recibió 286.000 euros entre 2004 y 2007, según las anotaciones de la “caja B”, en las que también figuran los diputados autonómicos Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, a quien Correa llegó a pagar parte de los gastos de su boda, incluido el viaje de novios a la Polinesia.
Asimismo, la fundación Fundescam, vinculada al PP, pagó a las empresas de Correa por la organización de actos electorales del partido en las campañas municipales y autonómicas de Madrid de 2003, las generales de 2004, los comicios europeos de ese año y el Congreso Regional del PP también en 2004.
El Partido Socialista de Madrid cree que esto confirma que hubo financiación irregular, ya que la fundación recibió donaciones de empresas que tenían contratos con la Administración regional y que por ello, según la ley, no pueden financiar “directa o indirectamente” a los partidos políticos.
La red demostró en Madrid su “generosidad” con los políticos que les contrataban y destinó miles de euros en regalos para los regidores de Majadahonda, Guillermo Ortega; Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda; Arganda del Rey, Ginés López; o Boadilla del Monte, Arturo González Panero.
Éste último, apodado “El Albondiguilla”, recibió numerosas prendas de ropa, ya que Correa opinaba de él que “es uno de esos alcaldes que no saben vestir”.
CASTILLA Y LEÓN: 120.000 EUROS POR 4,5 KILÓMETROS DE ASFALTO
El instructor del caso en el Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, mantiene todavía secreta una pieza llamada “Aforados Castilla y León” en la que investiga, entre otros asuntos, la adjudicación “amañada” en 2002 de la obra de la variante de Olleros del Alba (León), de 4,5 kilómetros, por casi tres millones de euros a la empresa Teconsa.
Según la Policía, Teconsa, de la que era administrador el imputado José Ramón Blanco Balín, ex presidente de Repsol YPF, habría abonado a Correa por dicha adjudicación 120.100 euros, de los que luego éste se quedó una parte y repartió el resto a Bárcenas y a tres personas identificadas por las siglas T.O., G. y J..
Entre los investigados por estos hechos, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, figura el entonces consejero de Obras Públicas castellano-leonés, José Manuel Fernández Santiago, hoy presidente de las Cortes regionales y cuya imputación ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción.
