El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, detenido este martes en una operación dirigida por la Fiscalía de Anticorrupción, ha abandonado sobre las 15.15 horas el palacio provincial, y ha sido trasladado en un coche de la Policía a la Comisaría Provincial de Alicante para prestar declaración, según han informado fuentes cercanas al caso.
El también presidente provincial del PP en Alicante ha sido trasladado desde la sede de la institución, en la avenida de la Estación, a la Comisaría Provincial de Alicante, situada en la calle Isabel La Católica, en un coche policial de color gris, con los cristales tintados.
Minutos antes, los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) habían procedido al traslado de la numerosa documentación, requisada en las dependencias de Presidencia de la Diputación, a bordo de varios vehículos.
Los agentes acudieron a primera hora de este martes a su domicilio particular ubicado en la zona de Vistahermosa en Alicante y procedieron a registrar la vivienda. A continuación, alrededor del mediodía acompañaron a José Joaquín Ripoll al palacio provincial y procedieron a examinar el despacho del presidente de la institución.
Así, a media mañana el edificio se encontraba fuertemente custodiado por miembros de la Policía Nacional, que fueron retirando abundante documentación que ha sido trasladada alrededor de las 14.30 horas en furgones a las dependencias de la Comisaría Provincial de Alicante.
Además del domicilio y la Diputación de Alicante, la Policía ha registrado este martes el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), cuya alcaldesa es la popular Mónica Lorente, --también vicepresidenta segunda de la Diputación--, las oficinas de la empresa Ortiz e Hijos en Alicante, y el domicilio del empresario oriolano Ángel Fenoll, cuyas empresas entre las que se cuenta la adjudicataria del servicio de residuos del Ayuntamiento de Orihuela.
La Fiscalía Anticorrupción dirige esta investigación, en colaboración con el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, en torno a la adjudicación del llamado Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero de 2008.
Esta decisión se produjo por unanimidad de los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y recayó sobre la empresa Cespa-Ortiz.
