En su resolución, el Gobierno justifica su decisión diciendo que la marcha “tiene un objetivo inequívocamente sindical” y recuerda que los guardias civiles y sus asociaciones profesionales “tienen constitucional y legalmente prohibido el ejercicio del derecho de reunión y manifestación cuando su objetivo sea de carácter político o sindical”.
La Delegación del Gobierno añade que la documentación aportada por los convocantes pone de manifiesto su voluntad de adoptar “una medida de presión frente a la Administración” para plantear públicamente sus reivindicaciones laborales y llega a mencionar expresamente “la existencia de un conflicto laboral que se pretende solucionar a través de la manifestación”.
“Por tanto, nos encontramos ante una clásica medida sindical de apoyo a un conflicto”.
