La orden ha partido del director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, que considera que el secretario general de AUGC, Alberto Moya, y el presidente de UO, Francisco García, vertieron “graves acusaciones contra diversas Instituciones y Autoridades del Estado” que podrían constituir una infracción del Régimen Disciplinario del Cuerpo.
Fuentes del instituto armado explicaron a Efe que ahora se designará un instructor que tendrá que decidir si las manifestaciones de Moya y de García son sancionables y, en ese caso, si constituyen una falta grave o muy grave, después de lo que propondrá el archivo del expediente o la imposición de la correspondiente sanción.
El Régimen Disciplinario de la Guardia Civil contempla como falta muy grave, castigada con hasta la separación del servicio, “la emisión pública de expresiones o manifestaciones contrarias al ordenamiento constitucional o al Rey y a las demás instituciones por ella reconocidas”.
Además, es falta grave -que como máximo puede ser sancionada con la suspensión de empleo de uno a tres meses- “la comisión de actos que atenten a la dignidad de las instituciones o poderes del Estado”.
Las manifestaciones fueron hechas por Moya y por García en una rueda de prensa convocada ayer.
