Finalmente han sido dos las proposiciones de ley registradas en la Cámara: una de ellas, con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV, recoge la mayoría de los cambios a la Ley Electoral del Régimen Electoral General (LOREG) -iniciativa que "frenará" IU-; y otra, firmada sólo por PSOE y PP, que afecta básicamente a la Ley de Partidos.
De salir adelante esta última reforma la novedad más importante es que se podrá inhabilitar a cargos ya electos si, tras las elecciones, una sentencia judicial firme declara ilegal a su partido.
Con todo, este cargo electo tendrá un plazo de quince días para presentar de forma voluntaria una declaración "expresa e indubitada" de rechazo a las causas jurídicas que motivaron la ilegalización de su partido.
Una figura que socialistas y populares han llamado "incompatibilidad sobrevenida", con la que quieren obstaculizar aún más el acceso a las instituciones de personas vinculadas con el entorno de ETA, según han explicado Txiki Benegas (PSOE) y José Antonio Bermúdez de Castro (PP) en rueda de prensa.
Además, la presentación de recursos para excluir candidaturas se alarga hasta el 44º día posterior a la convocatoria electoral -antes se fijaba en el 22º-.
No obstante, esta reforma no cuenta con más respaldo que el de PSOE y PP, y por ello se ha presentado en una iniciativa distinta a la del resto de cambios de la LOREG, que sí cuenta con más apoyos -CiU y PNV-.
Esta segunda proposición de ley implica cambios como, por ejemplo, permitir que los españoles residentes en el exterior voten en urna en los consulados (pero sólo en las elecciones autonómicas, generales y europeas, puesto que una vez que entre en vigor la reforma ya no podrán votar en las elecciones locales al no residir habitualmente en el consistorio).
También se "desactivará" el poder de los tránsfugas a la hora de presentar mociones de censura en los ayuntamientos, de manera que para que estas mociones salgan adelante no bastará con la mayoría simple, sino que se exigirá un voto más por cada tránsfuga que firme la moción.
Otras medidas que incluye son prohibir la inauguración de obras por parte de instituciones públicas en periodo electoral, instar a los medios de comunicación privados a garantizar la pluralidad en los informativos y debates, reducir los gastos de los partidos en publicidad electoral, rebajar la financiación de las fuerzas políticas en gastos electorales o elevar la cuantía de las donaciones de particulares a los partidos.
Y si no se propone modificar el sistema de reparto de escaños, tal y como demandan partidos como IU o UPyD, es porque esta reforma debe hacerse atendiendo al interés general, y no al interés "partidista o coyuntural" de alguna fuerza política, según Benegas y Bermúdez de Castro.
Han recordado, en este sentido, que IU logró tener más de 20 escaños con este mismo sistema de reparto -actualmente tiene dos, incluido el de ICV-, a lo que Gaspar Llamazares, también en rueda de prensa, ha replicado que lo "obvio" no puede esconder el hecho de que el sistema no es proporcional.
Izquierda Unida, por este motivo, impedirá la tramitación urgente de la reforma -es necesaria la unanimidad de la Junta de Portavoces para que pueda ser así-, al entender que con retoques de "maquillaje" se está legitimando un "atraco electoral" a los partidos minoritarios.
Gaspar Llamazares ha arremetido contra esta "reforma por entregas", "monstruosa", que compone la nueva ley "a pedazos" y que, por si fuera poco, supone un "fraude a la democracia" y una "burla" al Consejo de Estado -que en un informe recomendó cambiar el sistema de reparto de escaños-.
Una vez que la proposición de ley comience su andadura parlamentaria, IU presentará una enmienda a la totalidad, pero no se limitará a combatir esta reforma en el Congreso, sino que elevará su protesta a todos los ámbitos posibles, desde la vía judicial hasta las manifestaciones en la calle.
