Así lo ha acordado el magistrado en un auto en el que ha accedido a la petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) para tomar declaración a ambos acusados y que éstos puedan "ejercitar ese derecho activo de defensa ahora que se conocen los concretos domicilios respectivos" de Cubillas y Urtiaga en Caracas y La Habana, respectivamente.
En concreto, el juez indica que la citación debe hacerse por correo con acuse de recibo internacional y con una copia del auto de procesamiento que dictó el pasado mes de febrero y de la presente resolución "con el objeto de que comparezcan a ratificar las designaciones del letrado personalmente" el próximo 14 de diciembre a las 11:00 horas.
Velasco recuerda que Cubillas y Urtiaga se hallan en situación de sustracción a la acción de la justicia y en búsqueda y captura y subraya que no se han presentado personalmente, "incumpliendo el principio de sujeción al procedimiento que impone el deber jurídico de comparecer ante el juzgado para hacer efectivo el derecho que le reconoce el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" para ejercer su defensa.
Sobre ambos terroristas pesan sendas órdenes de detención desde el juez les procesara por los delitos de conspiración para cometer homicidios terroristas y de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada -a Cubillas- y por colaboración con organización terrorista a Urtiaga.
En su auto, el juez no se pronuncia sobre la extradición de Urtiaga, que hoy mismo le ha solicitado la Fiscalía, ya que ha dado traslado a las demás partes personadas para que informen al respecto.
Asimismo, reclama a la Comisaría General de Información que informe sobre la filiación completa de Urtiaga con sus "señas y circunstancias que pueden servir para identificarle", además de reiterar a Interpol la vigencia de la citada orden de busca y captura para que se ejecute de forma inmediata ya que ahora consta su domicilio en La Habana.
La Fiscalía sostiene que la entrega de Urtiaga es posible según el tratado de extradición vigente entre España y Cuba, en el que no figura el delito de terrorismo por su antigüedad (1905), sí bien contempla "la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas" en el artículo 9.1.
Asimismo, el tratado tipifica en su artículo 2.3 b el delito "para quien organice o dirija a otros a los efectos de la comisión de delito relativo a la comisión de atentados terroristas con bombas".
El pasado 20 de octubre Velasco solicitó al Gobierno que iniciara los trámites para extraditar a Cubillas, residente en Venezuela y que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), aunque le sugirió que antes reclame al Ejecutivo de Hugo Chávez que le retire la nacionalidad venezolana.
Tanto Cubillas como Urtiaga han reclamado su personación a través de un poder notarial para pleitos en el que han designado procurador y un grupo de abogados para que los representen, entre ellos, Jone Goirizelaia, Alfonso Zenon, Beatriz Ilardia, Ainhoa Baglietto y Edurne Iriondo.
