Así lo han asegurado a Efe fuentes de la Fiscalía, que han recordado que hay una jurisprudencia firme –constituida por las sentencias del Tribunal Supremo, el Constitucional y el de Estrasburgo– que dice que hay una “conexión íntima” entre las formaciones políticas ilegalizadas y ETA, por lo que sólo “una desvinculación absoluta” de la banda puede servir de contraindicio.
Esta exigencia, según las fuentes consultadas, es mayor si cabe cuando “quienes han formado parte de esos partidos políticos ilegalizados”, como el ex dirigente de Batasuna Rufi Etxeberria, “son los que comparecen públicamente para anunciar la presentación de un nuevo partido”.
“Evidentemente, ahí ya hay unos datos que de alguna manera mantienen esa ligazón” entre ETA y la nueva formación política, añaden las fuentes, que insisten en que para acreditar su desvinculación de la banda Sortu, además de defender sus ideas por la vía pacífica y democrática, debería repudiar “toda clase de violencia y terrorismo, tanto anterior, como presente o posterior”.
La Fiscalía, que está a la espera de que el Ministerio del Interior le remita la documentación aportada por Sortu para su inscripción en el registro de partidos, relativiza también el valor de las expresiones de rechazo a la violencia, incluida la de ETA, que figuran en los estatutos de la nueva formación política.
“Lo que hay que ver es no sólo el sentido en sí de los estatutos, sino también el entorno que rodea la presentación de este partido, el momento en el que se crea, las personas que de alguna manera lo avalan mediáticamente”, señalan las fuentes, que añaden: “Los estatutos en sí mismos pueden tener un marchamo aparente de legalidad, pero hay que tener en cuenta los antecedentes”.
El Ministerio del Interior cuenta con un plazo de veinte días hábiles –excluidos, por tanto, domingos y festivos– para decidir si inscribe el partido o, como ya avanzó el pasado lunes el titular de este departamento, Alfredo Pérez Rubalcaba, remite la documentación a la Fiscalía.
En ese momento se iniciará un nuevo plazo de veinte días hábiles para que el Ministerio Público estudie el caso.
