El próximo 27 de enero está previsto que esté operativa la nueva aplicación informática del Registro de Penados y Rebeldes, que permitirá a los jueces conocer de forma inmediata los antecedentes y la información sobre los penados. 

La nueva herramienta ha supuesto una inversión de 1.230.500 euros, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia. 

La mejora de los sistemas informáticos es una de las medidas que anunció el Ministerio de Justicia para evitar que se repitan casos como el de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, y esta nueva aplicación va a permitir el acceso de los juzgados a toda la información sobre los antecedentes y condenas de los delincuentes de manera puntual y exacta, eliminando la utilización del papel. 

La plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías es también una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de jueces, que el pasado lunes anunciaron un acto de protesta el próximo 18 de febrero y amenazaron con una huelga el 26 de junio. 

Uno de los puntos del “documento reivindicativo” de los jueces exige que una solución “urgente a la falta de conexión informática entre los juzgados de las distintas Comunidades Autónomas, que ahora son incompatibles, además de la intercomunicación de todas las bases de datos judiciales”. 

A fin de facilitar la transición entre la aplicación actual del Registro Central del Penados y Rebeldes y la que entrará en vigor a finales de enero, la Secretaría General de la Administración de Justicia ha remitido una circular a los secretarios judiciales, a la que ha tenido acceso Efe, explicando las novedades del sistema. 

En dicha circular, se indica que la nueva aplicación será accesible para todos los juzgados y tribunales a partir del día 19, de tal forma que puedan ir familiarizándose con ella, aunque el traslado definitivo de los datos no se producirá hasta el día 24, tres días antes de que la aplicación esté plenamente operativa. 

No obstante, la circular comunica que el sistema antiguo en lo que se refiere al tratamiento de formularios –remisión e impresión de notas–, estaría inhabilitado desde el miércoles. 

Según lo previsto, el órgano sentenciador deberá comunicar al Registro Central de Penados y Rebeldes las sentencias que se dicten, en el plazo de cinco días desde la firmeza de la sentencia, mediante la aplicación informática desarrollada al efecto y sin necesidad de utilizar el soporte papel.