El presidente de Egipto, Mohamed Mursi, ha justificado durante una entrevista en la televisión estatal la emisión de la declaración constitucional de la semana pasada y ha subrayado que la finalidad de la misma es "satisfacer las necesidades y los objetivos" de la etapa de transición que atraviesa el país tras la revolución, al tiempo que ha resaltado que si la nueva Constitución es aprobada en referéndum, el decreto "dejará de ser válido".
La controvertida declaración, que ha desatado una oleada de críticas y protestas en el país, tiene validez hasta que se ratifique una nueva Carta Magna y se haya elegido un nuevo Parlamento. En sus declaraciones, Mursi ha dicho que "sintió" que la revolución estaba en peligro, motivo por el que tuvo que proceder a "una cirugía muy cuidadosa".
El presidente egipcio ha defendido su decisión y ha manifestado que la revolución "reclamaba una retribución para los mártires", motivo por el que consideró necesario que se llevaran a cabo investigaciones y juicios justos contra los responsables de la muerte de manifestantes.
Pese a las manifestaciones en contra de su decisión, Mursi ha destacado que la medida era "necesaria" y ha criticado la presencia de "miembros del antiguo régimen" entre los manifestantes. "Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, pero sin atacar las propiedades públicas y privadas o lanzar piedras", ha dicho.
Asimismo, ha pedido a la población que "primero produzca y luego se exprese", según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'. "Debemos expresar nuestras opiniones sin obstruir la producción", ha recalcado.
Reiterando su respeto a los manifestantes, ha destacado que le gustaría estar entre ellos "para escucharles mejor", aunque ha advertido que no permitirá que nadie "extienda la actual situación de transición --ausencia de Parlamento y Constitución-- para conseguir sus objetivos".
La declaración constitucional ordena que los altos cargos del régimen responsables de la represión contra los manifestantes de la revuelta que acabó con la dimisión del anterior presidente, Hosni Mubark, en febrero de 2011, sean investigados y juzgados de nuevo por sus acciones durante la revolución. "las pruebas no eran suficientes durante los anteriores juicios", ha explicado.
El decreto implica, entre otras cuestiones, que Mubarak también volverá a ser juzgado, tras haber sido condenado a cadena perpetua el pasado mes de junio por no haber impedido las muertes de manifestantes a manos de policías en las manifestaciones que precedieron a su renuncia.
Sin embargo, quedan fuera de la revisión los crímenes cometidos por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas --órgano que se hizo con el poder tras la salida de Mubarak--, acusado por las fuerzas revolucionarias de múltiples incidentes de represión y de la muerte de centenares de manifestantes.
Por último, Mursi ha rechazado las voces que le acusan de arrogarse poderes dictatoriales a través de su declaración constitucional. "No se debería hablar de dictadura. También yo, como muchos egipcios, he sufrido la falta de libertad", ha remachado.
LA DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL
Uno de los puntos más controvertidos del texto aprobado por Mursi es el sexto, en el que se establece que "el presidente está autorizado para tomar cualquier medida que considere adecuada para preservar y salvaguardar la revolución, la unidad y la seguridad nacional".
Varias voces críticas con el presidente han manifestado que este artículo supone una declaración de ley marcial bajo el disfraz de un artículo parte de un decreto, al tiempo que han mostrado su preocupación ante las posibles implicaciones de una formulación tan laxa, ya que queda abierta a interpretación la forma de aplicar o las situaciones en las que aplicar el artículo.
Asimismo, el sistema judicial no podrá vetar, anular ni enmendar ninguna ley, declaración o decreto emitido por Mursi desde que llegó al poder hasta que se ratifique una nueva Carta Magna y se haya elegido un nuevo Parlamento, protegiendo así sus decisiones de cualquier tipo de revisión.
Además, en su declaración constitucional, Mursi decretó que la Asamblea Constitucional no podrá ser disuelta ni por el sistema judicial ni por el Consejo de la Shura (la Cámara Alta del Parlamento egipcio), y que el organismo --dominado por Hermanos Musulmanes-- contará con otros dos meses de plazo para redactar la Carta Magna del país, extendiendo el plazo de los seis a los ocho meses.
Por último, ordenó la destitución del fiscal general del país, Abdel Maguid Mahmoud, y el nombramiento de Talat Abdulá --quien ha jurado su cargo minutos después de que Mursi terminara la lectura del decreto-- sin la aprobación del Consejo Judicial Supremo.
