Las juntas de los jueces congelarán la Justicia española

Hoy cientos de jueces se reunirán a partir de las 10.00 horas en todos los partidos judiciales de España y justo a la misma hora los secretarios judiciales pararán su trabajo durante tres horas. Dos circunstancias que dejarán totalmente congelada de facto la Administración de Justicia española. Un parón con el que jueces y secretarios judiciales protestarán ante la falta de medios de la Administración de Justicia y por las “injerencias políticas” que, a su entender, ha ejercido el Gobierno en relación con el caso de Mari Luz Cortés en relación con las sanciones impuestas al juez de Sevilla Rafael Tirado y a la secretaria del juzgado, Juana Gálvez, que no ejecutaron la sentencia contra el presunto asesino de la pequeña, Santiago del Valle.
El expediente abierto a raíz del caso Mari Luz concluyó con dos años de sanción para la secretaria judicial y con tan sólo 1.500 euros de multa para el juez Tirado. Una sanción insuficiente, según afirmaron en repetidas ocasiones la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y que la Fiscalía ya ha recurrido al nuevo CGPJ, al que pide tres años de suspensión para el juez Tirado.
Por su parte, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en resolución cautelarísima, ha anulado los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Justicia, del paro convocado para hoy, según informó el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales. 
Según un comunicado remitido a la 17.45 de ayer por el Colegio: “Los servicios mínimos únicamente comprenderán a los secretarios judiciales destinados en órganos constituidos en servicio de guardia”.
El Ministerio de Justicia presentó el viernes su plan de servicios mínimos.
Según el Colegio de Secretarios, la resolución del TSJM se ha dictado en una audiencia convocada al efecto por la Sala a la que han comparecido el Ministerio Fiscal, el abogado del Estado, la Secretaria General de la Administración de Justicia en representación del Ministerio de Justicia y el abogado del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y Unión Progresista. La misma se ha dictado ‘in voce’ y está pendiente de documentación posterior y notificación.