El Gobierno dio ayer el visto bueno al nuevo paquete de medidas para proteger y promover el empleo, una obligación que exigirá a las empresas medianas que quieran recibir un préstamo del ICO con el que poder seguir funcionando.
Así consta en la primera condición que se exigirá a estas compañías: la de haber mantenido o creado empleo durante 2008, que se une a otros requisitos, como hacer actividades de I+D+i con al menos el 1% de su cifra de negocio y que un cuarto de esa facturación se haya producido fuera de España. 

Para acceder a esta nueva línea del ICO, que contará con 6.000 millones de euros, también se exigirá a las empresas que su volumen de negocio no supere los 4.500 millones de euros, que no estén participadas por una empresa o un conjunto de empresas que superen esa cifra y que estén al corriente de los pagos con la entidad con la que formalicen el préstamo. 

El Consejo de Ministros también aprobó ayer el Decreto-Ley con las seis medidas extraordinarias de índole laboral que tendrán un coste inicial de 1.577 millones de euros. 

Así lo afirmó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y precisó que alguna de las partidas destinadas a estas propuestas se “proyectarán” a algún otro ejercicio dada su naturaleza. 

Para el portavoz económico del Partido Popular en el Congreso, Cristóbal Montoro, estas medidas demuestran que el diálogo social no funciona bien y que se habla tanto “para nada, para no concretar reformas laborales mucho más sustanciosas”. 

En su opinión, el Gobierno “supera el diálogo social y lleva adelante medidas con poca capacidad para dar la vuelta a las cosas”. 

También el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, volvió ayer a criticar estas medidas, porque el Gobierno no ha corregido las que se refieren a las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social y a la reforma del contrato parcial, con las que el sindicato no está de acuerdo. 

Toxo pidió que se profundice más en las medidas dentro del diálogo social, un aspecto que contempla el Gobierno porque prevé evaluar sus resultados cada seis meses previa consulta a los interlocutores sociales, para así decidir su continuidad o modificación. 

Tres de las propuestas aprobadas son relativas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y están encaminadas a favorecer tanto a los trabajadores afectados por dichos expedientes, como a las empresas durante los periodos de suspensión de contratos como consecuencia de los mismos. 

Por una parte, los trabajadores podrán recuperar el tiempo de la prestación por desempleo que hubieren consumido durante la suspensión de su contrato por un ERE en el caso de que, posteriormente, se le vuelva a extinguir su contrato. 

Para las empresas se establece una bonificación del 50% de sus cuotas a la Seguridad Social durante el periodo de suspensión de trabajo como consecuencia de los ERE, con un límite máximo de 240 días. 

También se pretende estimular la actividad laboral de los trabajadores prejubilados afectados por un ERE que han suscrito un convenio especial con la Seguridad Social, para que de los 61 a los 65 años puedan compatibilizar esta situación con otras ocupaciones que coticen a la Seguridad Social. 

Asimismo, se han aprobado los aplazamientos de pago de cuotas empresariales a la Seguridad Social, la bonificación del cien por cien de dichas cuotas a los empresarios si contratan a desempleados, y la eliminación del periodo de espera para empezar a cobrar el paro. 

Además, se impulsa la contratación parcial, medida de la que se podrán beneficiar también los trabajadores a tiempo parcial con jornadas muy reducidas.