Los administradores de las cárceles privadas que retienen a más de 25.000 personas que violaron las leyes de inmigración de Estados Unidos han recortando gastos para generar ganancias, lo que ha provocado que se produzcan "abusos sistemáticos" contra los reos, según denuncia un informe presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles.
Las prisiones denominadas 'Criminal Alien Requirement' (CAR), cinco de las cuales están localizadas en Texas y ocho en otros estados, han tenido poca atención y supervisión, por lo que han podido someter a sus internos a "abusos y maltratos escandalosos", añade el texto.
"El anteponer las ganancias a las personas parece ser algo presente en cada faceta de la vida en las cárceles CAR", apunta la ONG, que recuerda que la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por su sigla en inglés) invirtió unos 600 millones de dólares en el año fiscal 2013 para pagar por lo que define como "instituciones operadas de forma privada".
La oficina ha asegurado que considera seriamente las denuncias, pero que no hará comentarios sobre datos específicos del informe. Además, ha agregado que las instituciones de seguridad menor de la oficina están superpobladas y que supervisa de cerca a las cárceles privadas.
La cantidad de inmigrantes que ingresan a esas instalaciones se ha incrementado con fuerza debido a la política de tolerancia cero de inmigración implementada en el 2005.
El informe de la Unión Americana de Libertades Civiles se basa en una investigación que comenzó en el 2009 y se centra en prisiones ubicadas en Texas. Durante este periodo, se ha entrevistado a cerca de 300 detenidos y se han visitado varias instalaciones.
