El Senado australiano aprobó la primera de una serie de leyes que dan más poder a las agencias de Inteligencia para luchar contra el terrorismo, pese a las críticas por su impacto en la libertad de la prensa.
La ley fue aprobada anoche con 44 votos a favor y 12 en contra, la mayoría del Partido Verde, y ahora deberá ser ratificada por la Cámara de Representantes donde la coalición conservadora en el Gobierno cuenta con la mayoría de los escaños.
El paquete legislativo, denominado Proyecto de Enmiendas a la Legislación de Seguridad Nacional, supone la actualización más importante de las leyes de seguridad desde 1979, según dijo el fiscal general, George Brandis.
La nueva ley prevé penas de diez años de prisión para las personas que revelen información o operaciones secretas, diez veces más de la sanción actual.
Además, incluye modificaciones en el proceso para emitir órdenes judiciales, da inmunidad a los agentes de la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia (ASIO, en inglés) en las operaciones encubiertas y permite acceder a los ordenadores de terceras personas.
También permite al Servicio Secreto Australiano de Inteligencia (ASIS, en inglés) a espiar a los australianos en el extranjero y a cooperar con ASIO.
El punto más controvertido es el aumento de las sanciones por divulgar información sobre operaciones de inteligencia, que podrían atentar contra la libertad de prensa y desalentar a los informantes, algo que el Gobierno niega.
"Estamos eliminado las libertades de la prensa por las que hemos luchado por mucho tiempo", dijo anoche la líder del Partido Verde, Christine Milne.
El próximo paquete de leyes, que se refieren a los combatientes que se unen a las milicias yihadistas en el extranjero, serán evaluadas por un comité conjunto parlamentario de Inteligencia y Seguridad en las próximas semanas.
Australia elevó este mes la alerta terrorista al nivel "alto" ante la amenaza de atentados en medio de la ofensiva internacional contra el Estado Islámico (EI) en Siria e Irak, en la que Canberra participa con ayuda humanitaria y armas.
La semana pasada 15 presuntos yihadistas relacionados con el EI fueron detenidos en Sídney y Brisbane acusados de planear secuestros y decapitar a civiles para divulgar los vídeos en las redes sociales.
