Los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía –SUP, CEP, UFP y SPP– han anunciado la presentación de una querella contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por sus manifestaciones de ayer en las que acusaba a la Policía de falta de colaboración en la lucha contra el entorno político de ETA. 

“No estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados mientras el titular de una de las más altas instituciones de nuestro país lanza sobre todo un Cuerpo una sospecha que nos injuria y calumnia”, advirtieron los cuatro sindicatos en un comunicado conjunto. 

Los sindicatos exigieron además al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, que “salgan al paso” de las “graves imputaciones” de Conde-Pumpido “en el caso de que alberguen un mínimo de lealtad y ética”. 

“Su silencio les convierte en cómplices. Si miran hacia otro lado darán cobertura a un ataque injusto e irresponsable. Cada día que pase y no se pronuncien les hará pasar a la historia de nuestro Cuerpo como la cúpula que permitió, sin oponer la más mínima resistencia, el insulto y el intento de descrédito de todo nuestro colectivo”, denuncian. 

Para los cuatro sindicatos, las palabras de Conde Pumpido son el ataque “más duro, injustificado, temerario y desleal” que ha recibido la Policía, como institución, “desde el advenimiento de la democracia” y suponen imputar a 61.000 funcionarios “un comportamiento delictivo” en una materia especialmente sensible como la lucha antiterrorista. 

"El Gobierno tiene total confianza en la Policía"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó ayer que el Ejecutivo tiene “plena y total” confianza en el “extraordinario” trabajo que lleva a cabo el Cuerpo Nacional de Policía y el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Fernández de la Vega se refería así en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros a la polémica creada tras unas declaraciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en las que cuestionó la colaboración de la Policía en los procesos de ilegalización de formaciones políticas del entorno de ETA. 

“Ha sido un malentendido en un tema procedimental que, en cualquier caso, no ha afectado a la investigación en curso”, aseguró la vicepresidenta primera, que ha insistido en que “el lío que haya podido haber” quedó “aclarado” tras unas declaraciones posteriores del propio fiscal general del Estado.