El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch Tejedor se ha convertido en el primer aforado formalmente imputado en el llamado caso Gürtel, por el que tendrá que prestar declaración el próximo martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Bosch será interrogado por el magistrado de ese tribunal Antonio Pedreira, designado instructor de la investigación sobre la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP y que también ha citado para la semana que viene al presunto responsable de la misma, Francisco Correa, y a varios empresarios. 

Además, algunos de los citados, como Santiago Lago, Alfonso García Pozuelo y Enrique Carrasco, han sido relacionados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón con el senador del PP Luis Bárcenas y el eurodiputado de este mismo partido Gerardo Galeote, que según el magistrado recibieron sobornos de la trama por valor de 1.353.000 y 652.310 euros, respectivamente. 

El TSJM no informará de los delitos que se imputan a Bosch hasta que Pedreira se los comunique personalmente el martes inmediatamente antes de tomarle declaración, pero el tribunal ya señaló al hacerse cargo de la causa tras la inhibición de Garzón que los hechos que se le atribuyen pueden constituir cohecho o tráfico de influencias. 

En el auto de inhibición, Garzón hablaba también de los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita en relación con Bosch y con los otros dos aforados –el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco–, que, según fuentes del TSJM, serán llamados a declarar como imputados en las próximas semanas. 

Según los autos dictados por Garzón, Bosch –hasta hace unas semanas gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte– es “una persona próxima a Correa”, quien le habría pagado por mediar para que la empresa Hispánica obtuviera la adjudicación del proyecto para la construcción de una ciudad deportiva en ese municipio. 

Otra de las operaciones de mediación para la trama de Correa que Garzón atribuye a Bosch –que según el juez obtuvo un total de 250.572 euros por su labor– fue la adjudicación de unos locales a Rústicas MBS, propiedad del imputado José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol YPF. 

La constructora Hispánica está presidida por Alfonso García Pozuelo Asins, que declarará el jueves y que, también según Garzón, “habría hecho pagos ilícitos a Francisco Correa en contraprestación a la intermediación para la adjudicación de proyectos urbanísticos ante las Administraciones Públicas”, entre ellas los Ayuntamientos de Boadilla y de Pozuelo de Alarcón. 

Entre las sociedades de las que Hispánica recibió adjudicaciones está la Sociedad Urbanística Municipal de Pozuelo de Alarcón, que presidía el ex alcalde de esta localidad Jesús Sepúlveda –que dimitió tras ser imputado en el caso– y con la que también aparece vinculado un hermano del senador Luis Bárcenas. 

Además de a Bosch, el instructor tomará declaración el martes al abogado Santiago Lago Borstein –cuyo nombre aparece en la contabilidad B de la trama de Correa–, y a Carlos Clemente, que fue asesor del ex ministro de Justicia José María Michavila.