Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciaron hoy en México una investigación sin un "diagnóstico preestablecido" del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre pasado en Iguala, estado sureño de Guerrero.
El español Carlos Martín Beristain, uno de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), precisó que la delegación fue creada en Washington (EE.UU.) para atender "las demandas de los familiares y su reclamo por saber de sus hijos".
"Queremos hacer un esclarecimiento de los hechos y vamos a tratar de llegar a la verdad", dijo el experto a la prensa en Tixtla, Guerrero, al término de un primer encuentro en privado con estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde estudiaban los desaparecidos, y padres de las víctimas.
Enfatizó que el GIEI es un equipo independiente auspiciado por la CIDH. "Pero no seremos voceros. Nosotros tendremos nuestra propia voz para hacer nuestras investigaciones y recomendaciones", abundó.
"No venimos con un diagnóstico preestablecido y por eso en nuestra primera visita nos estamos reuniendo con autoridades, padres de familia, estudiantes y organizaciones civiles", aseguró Beristain.
El experto añadió que los integrantes del GIEI tratarán de realizar "una evaluación de lo que ha hecho el Estado, establecer recomendaciones y que se puedan implementar medidas y llevar resultados positivos".
Los expertos fueron recibidos en Tixtla con pancartas y fotografías de cada uno de los desaparecidos en una ceremonia de bienvenida en la Normal de Ayotzinapa.
Por su parte, diversas organizaciones civiles detallaron en un comunicado que durante el encuentro con el GIEI los familiares de los desaparecidos expresaron "su absoluta confianza" en el grupo interdisciplinario.
Asimismo, "externaron algunas de sus preocupaciones principales respecto de la actuación del Estado en el caso y urgieron a las autoridades mexicanas a brindar las condiciones necesarias para que el Grupo pueda cumplir su mandato y hacer las recomendaciones necesarias para que las víctimas accedan a la justicia y a la verdad".
Manifestaron también su preocupación porque los recientes cambios en la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), afecten el cumplimiento del acuerdo de cooperación técnica firmado por el Estado Mexicano con la CIDH.
El comunicado está firmado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, entre otras agrupaciones de derechos humanos.
Antes de trasladarse a Tixtla, los miembros del GIEI se reunieron en Ciudad de México con funcionarios del Gobierno federal, entre ellos la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, y el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Alday, quienes también les dieron la bienvenida.
El GIEI fue creado a fines del año mediante el Acuerdo de Asistencia Técnica firmado por el Estado, la CIDH y las familias y sus representantes. Lo integran Carlos Beristain (España), Francisco Cox (Chile), Claudia Paz y Paz (Guatemala), Ángela Buitrago (Colombia) y Alejandro Valencia Villa (Colombia).
Entre tanto, la senadora con licencia Arely Gómez, quien hoy recibió el aval de la Comisión de Justicia del Senado para convertirse en la nueva procuradora general (fiscal) de México, aseguró hoy que "no se le da carpetazo" a las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
"El tema de Ayotzinapa sigue vigente y no se le da carpetazo a la investigación. Sigue y en ese sentido se podrá ejercer (acción penal) contra todas las personas involucradas", expuso Gómez al comparecer ante la Comisión de Justicia.
Gómez fue propuesta el viernes pasado por el Ejecutivo para asumir la titularidad de la PGR en sustitución de Jesús Murillo, quien ese mismo día asumió como secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Según la versión oficial, los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula.
Sin embargo, los padres rechazan esa versión y continúan demandando la presentación con vida de sus hijos
