Pena de muerte, bajo mínimos en 2017 con menos de mil de ejecuciones

Un total de 993 personas fueron ejecutadas en 2017 por la pena de muerte en el mundo, una cifra mínima que supone un descenso del 4 % respecto al año anterior y del 39 % en comparación con 2015, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre esta condena.

La organización celebró este descenso global en la presentación del documento en Londres, aunque apuntó que hay que "seguir trabajando" y recordó que China continúa siendo el "lado amargo del progreso", donde las cifras correspondientes a las miles de ejecuciones consumadas en 2017 están clasificadas como secreto de Estado.

"China siguió siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte en ese país", indica el informe.

Excluyendo al país asiático, el 84 % de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en Arabia Saudí, Irán, Irak y Pakistán, mientras que el 16 % restante se contabilizó en los otros 19 países en los que AI tiene constancia de la puesta en práctica de esta condena durante los últimos doce meses.

Es decir, un total de 23 países castigaron a delincuentes con su vida en 2017, un número que permaneció inalterado respecto al año anterior, aunque Bahréin, Emiratos Árabes, Jordania y Kuwait reanudaron las ejecuciones tras un periodo de interrupción.

Las muertes como castigo experimentaron un descenso notable en Bielorrusia (un 50 % menos que el año anterior), Pakistán (-31 %), Egipto (-20 %), Irán (-11 %) y Arabia Saudí (-5 %), según el documento.

Por contra, aumentaron en Palestina, de 3 en 2016 a 6 en 2017; en Singapur, de 4 a 8, y en Somalia, de 14 a 24.

Estados Unidos fue, por noveno año consecutivo, el único país del continente americano que llevó a cabo ejecuciones (23) y condenas a muerte (41).

Unas cifras ligeramente superiores a las de 2016, pero que según AI siguen estando dentro de las "tendencias históricamente bajas de los últimos años".

Entre los mayores logros de 2017, la organización subrayó la abolición de la pena capital para todos los delitos en Mongolia y Guinea, con lo que el número total de países abolicionistas ascendió a 106.

Este último país se ha convertido en el Estado número veinte del África Subsahariana en abolir la pena de muerte para todos los delitos, al tiempo que Kenia, Burkina Faso y el Chad avanzaron también en este sentido con nuevas normativas y proyectos de ley.

Además, Gambia firmó un tratado internacional por el que se comprometió a no llevar a cabo ejecuciones y a adoptar las medidas necesarias para abolir la pena de muerte de su legislación.

"Los avances en el África subsahariana han reforzado la posición de la región como faro de esperanza para la abolición de la pena más extrema, cruel, inhumana y degradante", declaró el secretario general de AI, Salil Shetty.

Para Chiara Sangiorgio, consejera de AI y una de las responsables del informe, otro de los hitos del año han sido "los importantes pasos dados para reducir el empleo de la pena de muerte en países que son firmes defensores de ella".

La responsable relató a Efe los casos de Irán, donde las ejecuciones relacionadas con delitos de droga descendieron un 40 %, y Malasia, que adoptó medidas para reformar la legislación antidroga.

"Estos casos revelan la aparición de grietas incluso en la minoría de países que siguen llevando a cabo ejecuciones por delitos de droga", señaló.

El informe advirtió de que 15 países condenaron o ejecutaron por este tipo de delitos en 2017, contraviniendo así el derecho internacional.

Sangiorgio recalcó que AI no pide "impunidad para los crímenes", sino terminar con una pena que "ha quedado demostrado que no funciona".

"Claro que hay que hacer justicia, pero ha quedado probado que la pena de muerte no funciona, y preservándola solo estamos perpetuando la violencia y violando derechos humanos", explicó a Efe, al tiempo que mencionó que "detrás de las cifras" hay "personas" e "historias horribles".

El informe reveló asimismo que los métodos de ejecución empleados en 2017 fueron decapitación, ahorcamiento, inyección letal y muerte por arma de fuego, y que en Irán se consumaron más de una treintena de ejecuciones públicas.